Los funcionarios secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General secuestrados el 8 de mayo en el municipio de Fortul (Arauca), así como al subintendente Frankie Esley Hoyos Murcia y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza

«Juicio Revolucionario» del ELN

Rafael Camargo Vásquez

Orden Público 

El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un «juicio revolucionario» a los cuatro funcionarios secuestrados —dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos uniformados de la Policía Nacional— ha provocado una condena unánime del Estado colombiano. Esta postura, aunque no se ha articulado en un comunicado específico de la Delegación de Paz en las últimas horas (27-28 de octubre de 2025), se alinea con los principios inamovibles definidos por el Gobierno en medio de la suspensión de los diálogos.

Legitimidad del «Juicio»

Las altas esferas del Gobierno han rechazado de forma categórica el mecanismo anunciado por el ELN, tildándolo de ilegal. La postura se centra en dos pilares: el ordenamiento jurídico nacional y las normas internacionales.

Tanto la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo han coincidido en que el supuesto «juicio revolucionario» carece de «cualquier validez legal o legitimidad» bajo el marco constitucional colombiano y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La privación prolongada de la libertad, sumada al intento de condicionar la liberación a un «canje» de prisioneros, constituye el crimen de guerra de «toma de rehenes», una de las violaciones más graves al DIH.

La exigencia central del Estado es la «liberación inmediata e incondicional» de los cuatro servidores públicos, rechazando tajantemente la idea de que sean tratados como «fichas de intercambio».

Mesa Congelada

El pulso sobre los secuestrados subraya la principal fractura en las relaciones entre el Gobierno y el grupo guerrillero, cuyas conversaciones de paz están suspendidas desde principios de 2025.

La Delegación de Paz del Gobierno Nacional ha mantenido históricamente que la práctica del secuestro es un «gran obstáculo» y un «crimen insostenible» que socava la confianza de la sociedad en el proceso de «Paz Total».

El presidente Gustavo Petro ha condicionado la reanudación de los diálogos a «compromisos concretos» del ELN, siendo el «cese total del secuestro y la liberación de todos los cautivos» la exigencia central e innegociable.

A pesar de la suspensión oficial de la mesa, el mensaje es claro: la decisión de liberar a cada persona que el ELN tiene en cautiverio es considerada la «línea roja» que la guerrilla debe cruzar para demostrar una genuina voluntad de paz.

Acción Humanitaria

Ante la grave amenaza del «juicio», las autoridades han instado a intensificar los esfuerzos de mediación.

Actores Humanitarios: Se ha solicitado al Comisionado de Paz, Otty Patiño, y al Gobierno Nacional «redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos» en conjunto con la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para mediar y asegurar el pronto regreso de los secuestrados a sus hogares.

En síntesis, el anuncio del «juicio» no solo profundiza la crisis en el fallido proceso de diálogo, sino que también reafirma la posición oficial de que el ELN no ha logrado demostrar la voluntad necesaria para la paz, mientras el Estado mantiene la presión por una liberación que respete los principios de legalidad y dignidad humana.

El anuncio del «juicio» no solo profundiza la crisis en el fallido proceso de diálogo, sino que también reafirma la posición oficial de que el ELN no ha logrado demostrar la voluntad necesaria para la paz.