Sandra Ortiz

Rafael Camargo Vásquez

Judicial

El caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha captado la atención pública tras ser acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación. Su situación legal se enmarca dentro del complejo escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conocido popularmente como el caso de los «carrotanques de La Guajira».

La Fiscalía imputó a Ortiz los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, Sandra Ortiz no ha aceptado los cargos.

Según el expediente de la Fiscalía, la acusación contra Sandra Ortiz se basa en el testimonio y las pruebas aportadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. La tesis de la Fiscalía sostiene que Ortiz habría recibido una suma de dinero en efectivo, presuntamente una «coima» o soborno, para facilitar un millonario contrato de la UNGRD.

El dinero, proveniente de los sobornos pagados por el contratista de los carrotanques, habría sido entregado por Pinilla a través de un intermediario. La Fiscalía tiene en su poder audios y documentos que, según la investigación, respaldan la versión del exfuncionario y vinculan a Ortiz con la red de corrupción que desfalcó la entidad.

¿Delatará a sus jefes o cómplices?

La pregunta sobre si Sandra Ortiz colaborará con la justicia para delatar a sus jefes o cómplices es una de las mayores incógnitas del caso. En este punto, no hay una confirmación oficial de que ella haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía, y su defensa ha mantenido una postura de no aceptación de cargos.

No obstante, en el sistema judicial colombiano, la colaboración con la justicia a través de un principio de oportunidad es una opción legal que los acusados pueden considerar. Si la defensa de Sandra Ortiz decide que las pruebas en su contra son demasiado sólidas, podría optar por negociar con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales, como una rebaja en su condena. Esta colaboración podría implicar revelar información sobre otros funcionarios o personas involucradas en la red de corrupción.

La decisión final de Ortiz dependerá de la estrategia de su defensa y de la presión que ejerzan las pruebas en su contra, así como de la posible colaboración de otros implicados, como Sneyder Pinilla, cuya información es clave para destapar toda la red. Por ahora, el proceso continúa en su fase de juicio, y la posibilidad de que decida colaborar es un escenario legal abierto.