Eduardo Montealegre Lynett, nuevo ministro de Justicia
Bogotá, Colombia
El exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, ha confirmado su designación como el próximo ministro de Justicia en Colombia. Se espera que los trámites para su posesión inicien este mismo jueves, 5 de junio, y que asuma formalmente la cartera el miércoles 11 de junio, reemplazando a Ángela María Buitrago. Este nombramiento, sin duda, generará un intenso debate en el panorama político y judicial del país.
Poder Judicial y su Rol en el Caso Uribe
Montealegre llega al Ministerio con un extenso y controvertido bagaje jurídico. Fue Fiscal General de la Nación entre 2012 y 2016, y magistrado de la Corte Constitucional, posiciones desde las que forjó una carrera reconocida en la administración de justicia y órganos de control.
Un aspecto central de su perfil que agrega una capa de complejidad a su nombramiento es su condición de víctima reconocida en el juicio penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta participación directa en un proceso judicial de alta relevancia nacional subraya la particularidad de su rol al frente de la cartera de Justicia.
Además, su cercanía con el actual gobierno del presidente Gustavo Petro es notoria. Montealegre ha sido un jurista clave en el equipo asesor del mandatario, incluso en decisiones espinosas como la posibilidad de convocar una consulta popular vía decreto, tras la negativa del Congreso.
Tensión Política y la Reforma Judicial
La designación de Montealegre ha desencadenado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores lo ven como una ficha clave para la agenda judicial del gobierno, la oposición lo señala como una figura que podría incidir en acciones legales contra críticos, generando preocupación sobre la independencia de poderes.
Su llegada al Ministerio se produce en un momento de tensión palpable entre el Ejecutivo y las Altas Cortes. Montealegre deberá afrontar importantes desafíos, como la implementación de la jurisdicción agraria y una postergada reforma a la justicia. A ello se suma la información sobre contratos previos de su firma con el Gobierno Petro, que suman más de 1.788 millones de pesos en asesorías jurídicas a entidades estatales.