Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha solicitado a ese país su regreso a Colombia para que enfrente un proceso judicial por presuntas irregularidades en la contratación.

En los círculos políticos se señala que Carlos Ramón González, considerado el líder del Partido Alianza Verde, jugó un papel decisivo en el respaldo a entonces  excandidata a la alcadía de Bogotá, Claudia López, lo que, según se comenta, le habría permitido a su partido obtener contratos de  envergadura.

Javier Sánchez

Primicia Diario 

Carlos Ramón González, una figura que escaló a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Colombia, se encuentra actualmente en el centro de un torbellino mediático y judicial. Su historia reciente se entrelaza con un escándalo de corrupción que ha sacudido los cimientos del gobierno colombiano y lo ha llevado a un autoimpuesto exilio en Nicaragua.

Acusaciones de corrupción y refugio en el extranjero

Desde noviembre de 2024, González reside en Nicaragua, país que le ha otorgado y renovado su estatus migratorio. Esta situación ha generado controversia, especialmente después de que se revelaran documentos que sugieren que la Embajada de Colombia en Managua pudo haber intervenido para facilitar su residencia. Aunque el presidente Gustavo Petro ha negado cualquier favor especial, la coincidencia de fechas entre la regularización de su estatus y la imputación de cargos por parte de la Fiscalía colombiana ha levantado sospechas sobre una posible protección institucional.

La Fiscalía de Colombia lo investiga por su presunta implicación en el sonado caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se le han imputado cargos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La acusación más grave lo señala como el presunto cerebro detrás del reparto de millonarios contratos, con un valor que podría superar los 70.000 millones de pesos, a cambio de sobornos a congresistas.

A pesar de que la justicia colombiana ha emitido una orden de captura en su contra, su detención en el extranjero se ha visto entorpecida. La efectividad de dicha orden fuera del país depende de la emisión de una circular roja de Interpol, un trámite que, hasta la fecha, no se ha concretado. Esta demora ha sido interpretada por algunos como un posible obstáculo burocrático o, incluso, como una consideración política que le permite a González evadir la justicia.

Un patrimonio millonario y contratos bajo la lupa

El patrimonio de Carlos Ramón González también ha sido objeto de escrutinio. Según su declaración de 2021 ante la DIAN, su patrimonio bruto ascendía a 12.508 millones de pesos colombianos. La lista de sus bienes incluía 18 propiedades inmuebles distribuidas en diferentes zonas del país, como Bogotá, Girón (Santander) y los municipios de San Francisco y Sopó en Cundinamarca. No hay información pública que confirme si parte de este patrimonio ha sido trasladado a Nicaragua.

Además de su fortuna personal, la forma en que sus fundaciones obtuvieron contratos con el estado ha sido objeto de debate. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que, durante la alcaldía de Claudia López, dos fundaciones vinculadas a la familia de González, la Fundación Sor Teresa de Calcuta y la Corporación Asís de Colombia, se beneficiaron de millonarios contratos. Se afirma que estas fundaciones recibieron más de 23.500 millones de pesos a través de la Secretaría Distrital de Integración Social para la gestión de comedores comunitarios y servicios de alimentación en jardines infantiles. Estos contratos representaron un crecimiento exponencial en la contratación de estas entidades con el Distrito, generando cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos de adjudicación.

La compleja situación de Carlos Ramón González, con su exilio en Nicaragua, las graves acusaciones de corrupción y las sospechas en torno a sus negocios con el estado, constituye un capítulo de alto impacto en la política colombiana, que sigue generando interrogantes y esperando una resolución judicial.

Actividad Política

Carlos Ramón González, ha sido señalado no solo por su controvertida gestión, sino también por una presunta red de favores políticos y financieros que se extienden a lo largo de su carrera. La información lo vincula con la obtención de millonarios contratos para sus fundaciones y una supuesta práctica de financiación de campañas políticas.

El aval a Claudia López 

Se ha documentado que González, a quien se le atribuye ser  el propietario  del Partido Alianza Verde, fue un actor clave en el apoyo a la candidatura de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. El Partido Alianza Verde, con su respaldo, le dio el aval a López para su postulación.

Tras su victoria, y durante su mandato, se ha denunciado que las fundaciones vinculadas a la familia de González, como la Fundación Sor Teresa de Calcuta y la Corporación Asís de Colombia, recibieron una cantidad significativa de contratos de la Secretaría Distrital de Integración Social. Estos acuerdos, valorados en decenas de miles de millones de pesos, estaban destinados a la gestión de comedores comunitarios y servicios de alimentación en jardines infantiles de la ciudad.

Financiación de campañas

Más allá de su participación en la alcaldía de Bogotá, se ha reportado que González tenía un modus operandi para consolidar su poder político y financiero. En círculos políticos se comenta que facilitaba préstamos a candidatos para sus campañas electorales, una práctica que, aunque no es ilegal en sí misma, generaba compromisos. La devolución de estos préstamos, según las mismas fuentes, no se hacía con dinero, sino con la adjudicación de millonarios contratos del Estado una vez que los candidatos llegaban al poder.

Esta supuesta dinámica de financiación política y posterior pago con contratos ha puesto a González en el ojo de las investigaciones. La Fiscalía de Colombia lo investiga actualmente por su presunta implicación en un escándalo de corrupción que tiene en vilo al gobierno, y que, en esencia, es una versión a gran escala de este mismo esquema.

Estos señalamientos, sumados a su actual situación de exilio en Nicaragua, dibujan un complejo panorama de poder, política y presunta corrupción que la justicia colombiana aún está tratando de esclarecer.