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Escándalo de corrupción  en Bucaramanga: LA DESAPARICIÓN DE LUMINARIAS SALPICA AL CUÑADO DEL ALCALDE

Los elementos de alumbrado público que hoy se supone están desaparecidos o fueron robados en Bucaramanga, tienen un costo financiero $21.700 millones.

 

 

Martín Gómez G.

Bucaramanga, Colombia

Un millonario escándalo por la desaparición de elementos de alumbrado público ha sacudido a la ciudad de Bucaramanga. La Contraloría municipal ha estimado las pérdidas en más de $21.700 millones, y las investigaciones apuntan a la presunta participación de Óscar Ramírez, cuñado del alcalde Jaime Andrés Beltrán, conocido por su postura de derecha y su oposición al gobierno nacional.

La Contraloría ha calculado que se perdieron 27.000 luminarias, 760 postes, 430 reflectores y 10.000 brazos metálicos, que estaban almacenados tras ser reemplazados. Testimonios clave señalan que Ramírez, hermano de la primera dama Paula Ramírez, habría ordenado el retiro de esta «chatarra» de las bodegas. Se sospecha que el metal de los postes y luminarias fue fundido y vendido en el mercado de pulgas de la ciudad, convertido en utensilios de cocina.

La defensa del alcalde 

El alcalde Beltrán ha reaccionado a las acusaciones defendiendo su gestión y desmarcándose del caso. Su argumento se centra en los siguientes puntos:

Beltrán asegura que su gobierno no recibió un inventario adecuado del material, y que la falta de control en la oficina de Alumbrado Público es un problema heredado que le «explotó» a su administración.

El alcalde ha negado cualquier participación de su gobierno en los hechos, calificando las denuncias como un «complot» político para deslegitimar su gestión. También ha denunciado que él y su familia han sido víctimas de amenazas.

 Aunque ha negado la implicación de su administración, no ha respaldado públicamente a su cuñado. La gestora social, Paula Ramírez, ha indicado que su hermano dará explicaciones a las autoridades.

Tanto la Contraloría como la Fiscalía mantienen abiertas investigaciones por hallazgos fiscales, administrativos y penales, mientras el caso genera un intenso debate político en el Concejo de la ciudad.