Ciro Ramírez, señalado como el cerebro detrás del entramado de corrupción conocido como «Las Marionetas»

Jair Gómez B.

La indignación recorre el país tras conocerse la noticia que ha encendido las redes sociales y los debates judiciales: Ciro Ramírez, señalado como el cerebro detrás del entramado de corrupción conocido como «Las Marionetas», un esquema que desvió la escandalosa suma de 24 mil millones de pesos en contratos públicos, ha sido dejado en libertad.

La justificación esgrimida por la Corte Suprema de Justicia, acusada de derechista  ha resonado con incredulidad y rabia: supuestamente, Ramírez «ya no representa un peligro» para la sociedad. Esta afirmación, que contrasta con la magnitud del presunto saqueo a las arcas del Estado, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la efectividad y la credibilidad del sistema judicial colombiano.

¿Peligro para quién? ¿Para los bolsillos de los contribuyentes que vieron esfumarse miles de millones destinados al desarrollo? ¿Para la confianza ciudadana en las instituciones que deberían garantizar la transparencia y castigar la corrupción? La pregunta flota en el aire, cargada de frustración y un profundo sentimiento de impunidad.

Ciro Ramírez, cuyo rol como presunto articulador de esta red de corrupción quedó al descubierto en la investigación de «Las Marionetas», ahora camina libremente mientras el eco de los 24 mil millones de pesos desviados sigue resonando en la conciencia colectiva. Este caso, que desnudó la forma en que los tentáculos de la corrupción se infiltran en los contratos públicos, parece ahora diluirse ante una decisión judicial que muchos interpretan como una bofetada a la justicia y una patente para la impunidad.

Las reacciones no se han hecho esperar. Voces de la oposición, analistas políticos y ciudadanos indignados han manifestado su repudio ante lo que consideran una «licencia para robar»,un mensaje perverso que mina la fe en el estado de derecho y alimenta la sensación de que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus actos.

«Aquí no hay justicia, hay licencia para robar», claman pancartas improvisadas en redes sociales, un reflejo del sentir popular ante una decisión que parece priorizar la libertad de un presunto corrupto de alto calibre sobre el resarcimiento del daño causado a la nación.

Este nuevo capítulo en el caso «Las Marionetas» no solo genera interrogantes sobre el futuro del proceso judicial, sino que también reabre el debate sobre la necesidad urgente de una reforma profunda y efectiva del sistema de justicia en Colombia, capaz de garantizar que los responsables de actos de corrupción de esta magnitud rindan cuentas y que el dinero robado sea recuperado.

Mientras tanto, la sombra de la impunidad se alarga sobre el país, dejando una amarga sensación de que, una vez más, la justicia parece inclinarse ante el poder y el dinero, dejando a los ciudadanos con la dolorosa certeza de que la lucha contra la corrupción sigue siendo una batalla cuesta arriba.

Constancia Histórica 

El magistrado Ariel Augusto Torres se apartó de la decisión señalando que el excongresista del Centro Democrático representa un peligro para la sociedad.

«Respetando la presunción de inocencia, Ramirez es acusado de un concurso de delitos y presuntamente ser el líder de una organización criminal que direccionó contratos desde el DPS y por eso la medida de aseguramiento era necesaria aún hasta el desenlace del caso en la Sala. Retornar a la libertad, su agrupación criminal podría reorganizarse para continuar ejecutando actividades ilícitas contra la administración pública, dando pie para que se afecten gravemente los intereses de la sociedad» afirmó.