Francesca Albanese

Primicia Diario 

La experta independiente, que investiga derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), sostiene que la ocupación israelí es ilegal y sus acciones constituyen crímenes como «apartheid» y «genocidio», según sus informes. Para Francesca Albanese, mantener relaciones normales con Israel equivale a complicidad, y urge a detener la venta de armas y aplicar sanciones. Sus acusaciones generan fuerte rechazo de Israel y aliados, que la tachan de sesgada, mientras recibe amplio apoyo de organizaciones de DDHH y varios Estados. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, tienen peso moral y buscan presionar diplomática y económicamente para una reevaluación de las relaciones internacionales con Israel.

El Corazón de la Controversia

La intensidad de los llamados de Albanese se ha agudizado tras los eventos del 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente ofensiva militar israelí en Gaza. Su postura se cimenta en una contundente evaluación: las acciones de Israel en los TPO, a su juicio, constituyen crímenes internacionales. Ha empleado términos como «limpieza étnica», «apartheid» y, más recientemente, ha advertido sobre la existencia de un «genocidio» en Gaza.

El fundamento de su argumento reside en la premisa de que la ocupación israelí es «ilegal» bajo el derecho internacional, lo que impone a la comunidad global la obligación de garantizar su cumplimiento. Para Albanese, mantener relaciones «normales» –diplomáticas, económicas, militares– con un Estado que, según su análisis, viola sistemáticamente el derecho internacional y comete crímenes graves, equivale a perpetuar la impunidad y, en algunos casos, a la «complicidad». Un eje central de sus recomendaciones es la interrupción inmediata de la venta de armas y de toda cooperación militar, dada la utilización de armamento en lo que ella describe como violaciones masivas de derechos humanos. Además, ha instado a considerar boicots y sanciones selectivas.

Israel ha negado categóricamente las acusaciones, tachándolas de «antisemitas» y «motivadas por el odio», y ha denegado el acceso de Albanese a los TPO, acusándola de exceder su mandato y de un sesgo anti-israelí. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han expresado escepticismo sobre la validez de sus conclusiones, particularmente la de genocidio, aunque sin obviar su preocupación por la crisis humanitaria en Gaza. Algunas organizaciones judías y pro-Israel han ido más allá, solicitando su destitución.

Sin embargo, un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos –incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch– ha respaldado la coherencia de los informes de Albanese con sus propias investigaciones. Asimismo, Estados de bloques como el Grupo de África, el Grupo de Países Árabes y la Organización de Cooperación Islámica han elogiado su trabajo e instado a la comunidad internacional a adoptar sus recomendaciones. El llamado a «cortar lazos» resuena con los movimientos de boicot, desinversión y sanciones (BDS) que, si bien controvertidos, ganan adeptos en diversos círculos.