Con el respaldo del Ejecutivo, se formalizó ante la Registraduría Nacional el comité promotor que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una apuesta ambiciosa que surge como respuesta a lo que el presidente Gustavo Petro ha denominado un «bloqueo institucional» contra su administración.

Javier Sanchez 

Política 

En la tarde del pasado viernes 26 de diciembre de 2025, el panorama político colombiano dio un giro definitivo hacia la transformación institucional. Con el respaldo del Ejecutivo, se formalizó ante la Registraduría Nacional el comité promotor que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una apuesta ambiciosa que surge como respuesta a lo que el presidente Gustavo Petro ha denominado un «bloqueo institucional» contra su administración.

Este movimiento no es solo una declaración de intenciones, sino el inicio de una compleja ruta legal y ciudadana amparada en la Ley 1757 de 2015 y el artículo 376 de la Constitución. El objetivo central es modificar la carta política para destrabar las reformas sociales que han encontrado resistencia en el Legislativo y las altas cortes.

Detrás de la iniciativa

El comité está integrado por nueve líderes que representan diversas fuerzas sociales, sindicales y étnicas, buscando proyectar una imagen de «base popular». Entre los protagonistas se encuentran:

Armando Custodio Wouriyu Valbuena, reconocido líder indígena.

Carlos Alfonso Rosero, exministro de Igualdad y Equidad.

Over Dorado Cardona, secretario general de la CUT, junto a Luis Alfredo Grimaldo Mejía, tesorero de Fecode.

Líderes sociales como Lían Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y José Luis Silva Maestre.

El comunicador Javier Eduardo García y el representante del Partido Comunista, Carlos Arturo García Marulanda.

El acto de inscripción contó con la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien validó el compromiso del Gobierno con este proceso de «transformación institucional».

Batalla por las firmas

La primera gran prueba para este comité será la logística nacional para la recolección de apoyos. Aunque el mínimo legal requerido es del 5% del censo electoral (aproximadamente 3 millones de firmas), el Gobierno ha planteado un desafío político mayor: alcanzar las 10 millones de rúbricas para demostrar un respaldo masivo e incontestable. Una vez la Registraduría verifique que los promotores no presentan inhabilidades, se entregarán los formularios oficiales para iniciar una maratón de seis meses por todo el territorio nacional.

Ejes de la transformación

El Gobierno ha sido enfático en que no se busca partir de cero, sino «profundizar el espíritu de 1991». El temario propuesto para la Asamblea se divide en puntos críticos: la implementación definitiva del Acuerdo de Paz, una reforma a la justicia que elimine las influencias políticas en la elección de magistrados, y la constitucionalización de la salud, educación y pensiones como derechos gestionados directamente por el Estado. Asimismo, se propone mayor autonomía territorial para las regiones, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza frente al cambio climático y una reforma agraria que agilice la redistribución de tierras.

Camino empedrado y contra el reloj

Pese al entusiasmo oficialista, el proceso enfrenta barreras formidables. En primer lugar, tras las firmas, el Congreso de la República debe aprobar una ley de convocatoria, un obstáculo difícil de sortear dada la actual falta de mayorías sólidas del Gobierno. Posteriormente, la Corte Constitucional deberá dar su aval antes de que el pueblo sea llamado a las urnas.

El factor tiempo es el otro gran enemigo. Con el 2026 a la vuelta de la esquina —año de elecciones legislativas y presidenciales—, el país entrará en una dinámica de campaña que podría opacar la consulta. Además, para que la convocatoria sea válida, se requiere que vote al menos un tercio del censo electoral (cerca de 13 millones de ciudadanos), una cifra que supera incluso la votación obtenida por Petro en su elección presidencial.

Mientras la oposición califica la iniciativa como una «aventura política» para «distraer al país» de los problemas de seguridad, el comité promotor ya prepara sus brigadas para salir a las plazas y calles, iniciando lo que promete ser el debate jurídico y político más intenso de la década en Colombia.