Las empresas intervenidas son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
Barranquilla, Colombia
En una acción contundente contra la instrumentalización de la seguridad privada por parte del crimen organizado, el Gobierno Nacional ha ordenado la suspensión de las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, todas con sede principal en Barranquilla. La medida responde a presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente y aparentes vínculos con estructuras criminales, según lo detalló el Ministerio de Defensa.
Contra el Crimen Organizado
Esta operación se enmarca en una directriz presidencial y forma parte de una robusta estrategia interinstitucional liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en estrecha coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo central es fortalecer el control de armas y desmantelar cualquier fachada de legalidad que organizaciones delictivas puedan utilizar.
Las empresas intervenidas son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. En conjunto, estas compañías movilizaban un considerable volumen operativo: 696 personas en servicio, 21 vehículos y 483 armas (entre pistolas, revólveres y escopetas), desplegadas en importantes zonas de la región Caribe como La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre. El Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) ya ha dispuesto la custodia provisional del armamento, garantizando su seguridad y trazabilidad.
Fallas y Vínculos con el Crimen
Las investigaciones preliminares revelaron hallazgos preocupantes que comprometen la transparencia y legalidad de la operación de estas empresas. Se evidenciaron presuntas fallas críticas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, sugiriendo que las armas podrían haber sido desviadas para el servicio de estructuras y actores criminales. Asimismo, se investigan posibles vínculos de socios de una de las empresas con organizaciones delictivas.
Adicionalmente, se detectaron eventuales omisiones en los controles de selección de personal, al vincularse a un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto. También se encontraron irregularidades administrativas, operativas y contables, como una deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros de 2019.
Transparencia y Respaldo Institucional
La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego, ha acompañado activamente los procedimientos, asegurando la custodia segura y transparente del armamento. Además, por instrucciones del Procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljach, funcionarios de la Procuraduría acompañaron las actuaciones, actuando como garantes del debido proceso, el respeto a las garantías y la transparencia institucional.
Con esta acción, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el Estado Social de Derecho, el fortalecimiento institucional y la garantía de legalidad en la prestación de servicios de vigilancia, protegiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía y contribuyendo de manera decisiva a la seguridad del país.
Las investigaciones preliminares revelaron hallazgos preocupantes que comprometen la transparencia y legalidad de la operación de estas empresas.