José Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es señalado de ser el jefe del «Cartel de la Corrupción». 

Consuelo Porras,fiscal general de Guatemala, en la práctica, según las denuncias sigue las «instrucciones» del fiscal especial José Rafael Curruchiche. 

El propio presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, señaló que las ordenes de captura contra la fiscal de Colombia y el Embajador ante la Santa Sede  se trata de una decisión sin sustento jurídico con la que se buscaba favorecer a los corruptos en su país.

Ciudad de Guatemala.

En los últimos años, el sistema de justicia guatemalteco ha sido invadido por una profunda y alarmante cooptación. La corrupción ha arraigado, minando el Estado de Derecho, alimentando la impunidad y comprometiendo gravemente los derechos humanos de la población. La esperanza de una justicia independiente se desvanece mientras fiscales, jueces y periodistas que combatieron la corrupción son sistemáticamente criminalizados, allanando el camino para que actores corruptos operen con impunidad.

La Sombra de la Corrupción Post-CICIG

Hubo un tiempo en que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la ONU, logró avances significativos. Sus investigaciones destaparon redes de corrupción en todos los niveles del Estado, incluyendo el emblemático caso «La Línea», que culminó con la renuncia de la entonces vicepresidenta y generó movilizaciones ciudadanas sin precedentes. La CICIG demostró que un sistema judicial guatemalteco funcional era posible, siempre que existiera una voluntad interna de justicia respaldada por un fuerte apoyo internacional.

Sin embargo, la no renovación del mandato de la CICIG marcó un punto de inflexión devastador. Desde entonces, la lucha anticorrupción ha experimentado un preocupante retroceso, centrado en la persecución y el exilio de quienes la lideraron. La impunidad, en lugar de la justicia, parece haberse convertido en la norma.

La Corrupción se Enraíza en el Organismo Judicial

La penetración de la corrupción en el sistema judicial guatemalteco se manifiesta de diversas y perniciosas formas:

• Sobornos y Tráfico de Influencias: Estas prácticas pervierten la imparcialidad de los tribunales y obstaculizan el acceso a una justicia equitativa para los ciudadanos.
• Manipulación de Pruebas: La alteración o supresión de evidencia se utiliza para favorecer o perjudicar a individuos, distorsionando la verdad procesal y la búsqueda de la justicia.
• Nombramientos Ilegales y Nepotismo: La selección de personal no se basa en el mérito ni la capacidad, sino en favores o relaciones, minando la idoneidad y la ética de las instituciones. Se han documentado demoras y controversias significativas en el nombramiento de magistrados de las altas cortes, con serias denuncias de tráfico de influencias que buscan controlar la judicatura.
• Obstaculización de la Acción Penal: Se interfiere activamente en investigaciones y procesos judiciales para evitar la persecución de delitos, garantizando la impunidad de los corruptos y sus redes.

José Rafael Curruchiche: Símbolo de la Criminalización

La situación actual se caracteriza por la criminalización de fiscales y jueces anticorrupción y la alarmante protección de figuras ligadas a la corrupción. Decenas de ex fiscales, jueces y periodistas que trabajaron en casos de alto impacto han sido forzados al exilio o enfrentan procesos judiciales considerados espurios.

Un ejemplo prominente de esta dinámica es José Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y mencionado por varios abogados y periodistas como el jefe del «Cartel de la Corrupción».  Su trayectoria reciente ha generado una ola de controversia y preocupación a nivel internacional:

• Sanciones Internacionales: Curruchiche figura en la Lista Engel de Estados Unidos y ha sido sancionado por el Reino Unido por presuntamente estar involucrado en actos de corrupción y por socavar la democracia guatemalteca.
• Obstrucción de Investigaciones: Se le acusa directamente de «obstruir investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de alto perfil» contra funcionarios guatemaltecos. También se le señala de presentar denuncias contra fiscales, abogados y exintegrantes de la CICIG que combatieron la corrupción.
• Persecución Política: Desde su despacho se han emitido órdenes de captura contra figuras clave de la lucha anticorrupción, como Iván Velásquez (excomisionado de la CICIG) y la actual Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, en relación con el caso Odebrecht en Guatemala. Estas órdenes han sido calificadas como un ataque directo a la institucionalidad por sectores cercanos al gobierno colombiano y han generado preocupación internacional.
• Casos Polémicos: Bajo su dirección, la FECI solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, basándose en acusaciones que el partido ha negado rotundamente y que han sido objeto de fuertes críticas nacionales e internacionales.

La destitución de fiscales clave como Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la FECI antes de Curruchiche, fue un golpe devastador. La subsecuente reconfiguración del Ministerio Público ha beneficiado a numerosos acusados en casos de corrupción, incluyendo algunos que habían sido investigados por la CICIG, consolidando una sensación de impunidad rampante y un desincentivo para futuras investigaciones honestas.

¿Quién Puede Romper el Ciclo de Corrupción? La Lucha por la Justicia y la Democracia

Detener la influencia corruptora de un funcionario como José Rafael Curruchiche, que ocupa una posición tan crucial en el Ministerio Público de Guatemala, es un desafío monumental debido a la cooptación institucional y la aparente impunidad que prevalece. Sin embargo, diversos actores y mecanismos podrían, en un escenario de cambio, ejercer presión o llevar a cabo acciones decisivas:

Actores y Mecanismos Internos (con severas limitaciones actuales)

Aunque la Fiscal General es la superior jerárquico de Curruchiche, la propia Fiscal General, Consuelo Porras, también ha sido sancionada por EE.UU. por corrupción, lo que limita significativamente esta vía. Las altas cortes y el Congreso, señalados de estar influenciados por el «Pacto de Corruptos», deberían ser contrapesos fundamentales, pero sus decisiones actuales favorecen la impunidad. A pesar de las dificultades, la existencia de fiscales y jueces independientes dentro del sistema sigue siendo crucial, esperando un ambiente que les brinde garantías para retomar la lucha.

Presión Internacional: Un Foco Inquebrantable

Los gobiernos extranjeros, como Estados Unidos y el Reino Unido, ya han impuesto sanciones específicas a Curruchiche y a la Fiscal General Porras. Estas medidas, que incluyen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos, ejercen una presión política y económica considerable, dañando la reputación del país y desincentivando futuras acciones corruptas. Aunque su efectividad para generar un cambio profundo es limitada sin una voluntad política interna, mantienen el foco internacional sobre la situación y apoyan a los sectores internos que luchan por la transparencia. Organismos como la OACNUDH y la OEA continúan documentando y denunciando los abusos, manteniendo la visibilidad y la presión.

Sociedad Civil y Medios de Comunicación: Voces de la Resistencia

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Guatemala, a pesar de la persecución y las amenazas, continúan su labor fundamental de monitoreo, investigación, incidencia y movilización ciudadana. Su persistencia es vital para mantener el tema en la agenda pública y generar presión social. Paralelamente, los medios de comunicación independientes y los periodistas de investigación desempeñan un papel crucial al exponer la corrupción y mantener informada a la ciudadanía, aunque enfrentan un alto grado de vulnerabilidad, incluyendo campañas de estigmatización, amenazas, hostigamiento y violencia. La persecución a periodistas como José Rubén Zamora es un claro ejemplo del precio que pagan por su compromiso con la verdad. La impunidad para los agresores y la dificultad para acceder a la información pública exacerban estos desafíos, debilitando el espacio cívico.

Un Cambio en el Contexto Político: La Clave para el Futuro

En última instancia, un cambio significativo en la lucha contra la corrupción, personificada en figuras como Curruchiche, requerirá un gobierno guatemalteco genuinamente comprometido con el Estado de Derecho, la independencia judicial y la erradicación de la impunidad. Un gobierno así podría impulsar las reformas necesarias y garantizar que las instituciones de justicia funcionen de manera imparcial y transparente, restaurando la confianza pública y permitiendo el desarrollo del país. La situación actual de cooptación judicial representa un desafío inmenso para la democracia y la protección de los derechos humanos en Guatemala.