Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han asumido un rol de mediadores, buscando una solución que garantice la seguridad de los militares y la de los civiles.

En la ruralidad del Guaviare, un operativo militar contra las disidencias de las FARC escaló a una situación de crisis humanitaria. Los 34 militares involucrados en la acción, inicialmente reportados como retenidos por la comunidad, fueron confirmados como «secuestrados» por las más altas esferas del Gobierno.

Cautiverio

El suceso se desencadenó en la zona rural de El Retorno, Guaviare, durante una operación de las Fuerzas Militares que buscaba impactar a la estructura de «Iván Mordisco». El operativo, que resultó ser un éxito militar, concluyó con la muerte de un cabecilla conocido con los alias de «Dumar» o «Chito».

Sin embargo, el triunfo táctico se complicó de inmediato. Mientras los uniformados intentaban evacuar la zona con los cuerpos de los combatientes abatidos, un grupo de civiles los rodeó y les impidió la salida. Según las autoridades, esta retención tuvo un motivo claro: la comunidad, presuntamente presionada por el grupo armado, exigía la entrega del cuerpo de «Dumar» para liberar a los militares.

 «Retención» y «secuestro»

La terminología se convirtió en un punto de debate. Aunque algunos reportes iniciales hablaron de una «retención», el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue enfático en su declaración: «eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro». El Gobierno colombiano ha rechazado categóricamente la justificación de un «cerco humanitario» presentada por la comunidad, señalando la coacción de las disidencias como el motor de la acción.

En búsqueda de una salida pacífica

Actualmente, las autoridades y organismos internacionales trabajan en la liberación de los uniformados. La Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han asumido un rol de mediadores, buscando una solución que garantice la seguridad de los militares y la de los civiles. El Gobierno, por su parte, ha ofrecido garantías y ha facilitado el transporte de los miembros de la comunidad hacia la cabecera municipal para buscar una solución definitiva al secuestro.

La eficacia del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha comenzado a ser cuestionada por una variedad de actores, principalmente por figuras de la oposición, analistas de seguridad y sectores de la opinión pública en Colombia.