La ocupación de 431 bienes cuyo valor comercial se estima en más de 445.115 millones de pesos. Este despliegue de extinción de dominio no solo representa una cifra histórica, sino que simboliza la transferencia de activos desde la ilegalidad hacia la administración del Estado, quedando todas las propiedades a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

En una acción sin precedentes que redefine la lucha contra las economías ilícitas en el país, las autoridades colombianas han propinado lo que expertos califican como el golpe patrimonial más contundente del año 2025. A través de una articulación estratégica entre la Policía Nacional, mediante la DIJIN e INTERPOL, y la Fiscalía General de la Nación, se ha ejecutado una «megaofensiva» que despoja a las organizaciones criminales de su músculo financiero, afectando directamente las estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El asedio al patrimonio criminal

La operación, que destaca por su precisión y alcance, culminó con la ocupación de 431 bienes cuyo valor comercial se estima en más de 445.115 millones de pesos. Este despliegue de extinción de dominio no solo representa una cifra histórica, sino que simboliza la transferencia de activos desde la ilegalidad hacia la administración del Estado, quedando todas las propiedades a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Cartografía de la intervención

Las diligencias se extendieron a través de una geografía diversa, impactando nodos financieros estratégicos en nueve departamentos. Antioquia se consolidó como el epicentro de la operación con 263 bienes ocupados en municipios como Sabaneta, Amalfi, Puerto Triunfo y la capital, Medellín. El operativo también dejó una huella profunda en el Eje Cafetero, específicamente en Risaralda y Quindío, así como en el suroccidente del país, abarcando el Valle del Cauca, Cauca y Putumayo. Otras zonas clave como Caquetá, Santander y la ciudad heroica de Cartagena también fueron testigos de este desmantelamiento logístico.

De la opulencia al control estatal

El inventario de activos recuperados revela la sofisticación del lavado de activos en Colombia. La infraestructura incautada comprende desde lujosas fincas de recreo y edificios residenciales hasta complejos hoteleros y sociedades comerciales que servían como fachada para el flujo de capitales ilícitos. Asimismo, el decomiso incluyó una flota de vehículos de alta gama, elementos esenciales para la movilidad y el estatus de las cúpulas delictivas.

Una estrategia de asfixia financiera

Más allá del valor monetario, el reporte oficial de la Dirección de Investigación Criminal subraya que estos activos eran el motor de delitos de alto impacto como el narcotráfico, el tráfico de armas y la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las autoridades han sido enfáticas al señalar que el objetivo principal es «asfixiar financieramente a los grupos armados, privándolos de la capacidad de financiar armamento y sostener nóminas ilegales». Con este movimiento, el Estado busca no solo castigar el delito, sino neutralizar el control territorial que estas bandas ejercen mediante el soborno y la logística.