Jaime Granados,abogado de Álvaro Uribe
Javier Sánchez
Bogotá D.C.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y soborno a testigos, retomó ayer en Bogotá con la presentación de los alegatos finales por parte de su defensa. La jornada estuvo marcada por las enérgicas intervenciones del abogado Jaime Granados, quien cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
En su exposición ante el juzgado, Granados afirmó que el ente acusador llegó al extremo de «falsear y alterar lo que muestra la evidencia». Como ejemplo, el jurista señaló que la Fiscalía, en sus propios alegatos, habría atribuido al expresidente Uribe palabras no pronunciadas por él durante su testimonio bajo juramento, específicamente en relación con la supuesta determinación de alias ‘Víctor’ para un soborno y el pago de recursos. «La Fiscalía en sus alegatos manifestó que había habido un reconocimiento de Álvaro Uribe Vélez acerca de ello. Esos alegatos de conclusión, Su señoría, textualmente quiero, eh así citarlo para no cometer ningún error y no caer en lo que critico», indicó Granados, citando un pasaje de la acusación.
La defensa sostuvo que las acciones del expresidente Uribe respondieron a un interés legítimo de verificar información que alertaba sobre un presunto complot en su contra, orquestado por antiguos miembros de grupos armados ilegales. «Hubo un desbordamiento por parte de la Fiscalía en la investigación de conductas criminales. Se está criminalizando el derecho que tiene toda persona de buscar defender su nombre, buen nombre y la verdad», expresó el abogado, en referencia a la labor del ente acusador.
Granados contextualizó el caso en un ambiente de profunda confrontación política, señalando que «venimos a este juicio cargados de un pesado lastre de emociones, de sesgos, de antipatías, de heridas, de desconfianzas mutuas», lo que, a su juicio, ha condicionado la percepción pública y judicial del proceso.
Un eje central de la defensa fue la justificación de la actuación del abogado Diego Cadena, apoderado por Uribe para indagar sobre versiones que vinculan al expresidente con grupos paramilitares. Granados argumentó que Uribe actuó bajo la facultad legítima de contar con asesores e investigadores para corroborar versiones, ubicar testigos y preparar su defensa frente a investigaciones ya existentes. Además, negó categóricamente cualquier contacto de su cliente con Carlos Eduardo López, alias ‘Caliche’, a quien la Fiscalía señala como intermediario en la manipulación de testigos.
Por su parte, la Fiscalía, a través de la fiscal Marlene Orjuela, ha mantenido su postura de que las actividades desplegadas por Cadena y otros implicados constituyen una estrategia de manipulación de testigos. Orjuela ha solicitado una sentencia condenatoria contra el expresidente por soborno a testigos y fraude procesal, argumentando que las pruebas respaldan su responsabilidad penal.
Finalmente, Granados criticó la postura de la Fiscalía hacia las víctimas reconocidas en el proceso, particularmente el senador Iván Cepeda, mencionando que este último habría gestionado que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve no fuera trasladado a la cárcel de Valledupar.
Cepeda, en respuesta, ha refutado la coherencia del alegato de la defensa, argumentando que hay una contradicción al negar una intención dolosa inicial, mientras se reconoce que desde el principio se recibían cartas de ex paramilitares y narcotraficantes. «Desde el mismo inicio de su relación, Uribe y Cadena comenzaron a construir conjuntamente el camino del fraude procesal y del soborno», aseveró Cepeda, haciendo alusión a advertencias previas de la Corte Suprema de Justicia sobre conductas similares en otros casos.
La jornada de hoy subraya la polarización que rodea el caso, con la defensa y la acusación presentando visiones antagónicas de los hechos y la evidencia. El futuro judicial del expresidente Uribe permanece en la balanza, a la espera de la decisión del juzgado.