Sandra Liliana Heredia Aranda,Juez  44 Penal de Bogotá ha demostrado autoridad a pesar de que la defensa de Uribe intentó separarla del caso mediante acusaciones.

Rafael Camargo Vásquez

Bogotá, Colombia –

El Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bogotá, ha ordenado la suspensión transitoria del reparto de nuevos procesos ordinarios y acciones constitucionales al Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Esta medida, que se extenderá del 1 al 31 de julio de 2025, busca que la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda y su equipo se concentren de manera exclusiva en el juicio oral contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Cronograma del Fallo

La decisión del Consejo Superior de la Judicatura responde a una solicitud formal de la jueza Heredia, enviada el pasado 25 de junio. En su misiva, la togada argumentó la necesidad de esta medida para poder emitir un fallo «con la celeridad y el rigor que el caso exige».

Según el cronograma establecido, los primeros días hábiles de julio (1, 2, 3 y 4) se dedicarán a los alegatos de cierre por parte de la defensa técnica y material, así como a las réplicas de la Fiscalía y la representación de las víctimas. Posteriormente, del 7 al 29 de julio, la jueza y su equipo se sumergirán en la exhaustiva evaluación de las pruebas presentadas durante el juicio, que incluyen un vasto material probatorio: 38 testimonios de la Fiscalía y 55 de la defensa, además de múltiples elementos documentales y periciales.

«La agenda quedará restringida para la dedicación exclusiva del juicio», enfatizó la jueza Heredia, quien también anunció que ya se han adelantado resúmenes con su equipo de trabajo y que se tomará un plazo estimado de 20 días para emitir el sentido del fallo una vez concluida la fase de estudio de pruebas.

Los Argumentos 

El expresidente Uribe Vélez es señalado por la fiscal Marlenne Orjuela de haber incurrido en los mencionados delitos en 2018. La acusación sostiene que Uribe habría enviado a su entonces abogado, Diego Cadena, a ofrecer beneficios a exparamilitares condenados, como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, a cambio de que no lo vincularán con la creación de un grupo ilegal en Antioquia. Cadena, por su parte, enfrenta un juicio independiente por hechos similares y también ha declarado su inocencia.

La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ha negado rotundamente estas acusaciones. El exmandatario ha sostenido que su única intención fue esclarecer la verdad ante las versiones que le llegaban, sin ofrecer ningún tipo de prebenda. Durante los alegatos de cierre, la defensa ha argumentado que la Fiscalía no logró establecer que Uribe hubiera determinado «con dolo directo, consciente, deliberado y sistemático» una estrategia para obtener testimonios falsos o alterar la realidad. Han insistido en que no hay pruebas suficientes que configuren los delitos imputados y han criticado lo que consideran una «ceguera voluntaria» o sesgo en la valoración de la evidencia.

Petición de Absolución

En alguna ocasión la juez llamó la atención Bladimir Cuadro, procurador delegado,indicándole que se concentrará en su papel y no sumándose a la defensa.

Cuadro,  argumentó durante su intervención en los alegatos finales que no existen pruebas contundentes que vinculen al exmandatario con los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Con la fase de alegatos de cierre en curso y la inminente dedicación exclusiva de la jueza al estudio del voluminoso expediente, el país se prepara para la esperada decisión judicial que marcará un hito en uno de los procesos más mediáticos de la historia reciente de Colombia.