Ricaurte Losada Valderrama
La propuesta de realizar una consulta popular con relación a las reformas laboral y de salud tiene muchas aristas. Una es la referida a la participación directa de los ciudadanos, debido al tránsito que se hizo en 1991 de una democracia representativa a una participativa manteniendo ésta.
Pero este logro que se ha quedado en el papel, debido a nuestra escasa formación y capacitación política que arranca de una ineficiente educación que no enseña a distinguir entre la política y los políticos.
Debido a ese cambio se establecieron varios mecanismos de participación popular, pues el único que existía en la Constitución de 1886 era el voto, es decir, una democracia representativa, pero en la Constitución actual se establecieron varios mecanismos de participación: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la asamblea constituyente y la revocatoria del mandato.
A raíz del archivo del proyecto de reforma laboral el presidente de la República de manera airada arremetió contra el Congreso desconociendo la independencia de poderes y los pesos y contrapesos propios de la democracia, pero es legítimo que haya propuesto la realización de una consulta popular.
Dicha consulta es aprobada pregunta por pregunta, si una tercera parte del censo electoral -40.963.370- participa una tercera parte -13.654.457- y la mitad más uno votar afirmativamente -6.827.229-.
El número de preguntas debe ser reducido para que haya más posibilidades de éxito de la consulta, pues si fueran muchas es más difícil su aprobación. Así sucedió con el referendo propuesto durante el Gobierno del presidente Uribe en que de muchas preguntas solamente pasó el umbral una y, sin importancia.
Muchos son los temas que hay que tratar sobre éste tema, pero en mi concepto hay uno vital: la consulta propuesta, con todas las dificultades que ello tiene, pues la propone un gobierno con mucho desgaste, justamente por falta de más gobierno, de ejecuciones, de acuerdos -al contrario se incita de manera reiterada a la división y a la polarización y con fines electorales hacia la sucesión presidencial, pero aun así, debe aprovecharse para realizar pedagogía democrática.
¿Por qué? Por muchas razones, pero fundamentalmente porque en Colombia hay una vocación, también por múltiples razones de escasa participación. Pongo un ejemplo: de las 60 reformas que se le han introducido a la Constitución de 1991, 59, han sido aprobadas mediante Acto Legislativo, es decir, a través del Congreso y solo una mediante participación popular: el referendo referido.
Es así como no fue aprobada la consulta anticorrupción, cuando el censo electoral se encontraba en 36.421.026, pues solo obtuvo 11.671.420, no alcanzando el umbral de la tercera parte, cuando se trataba de una materia que movía mucha opinión, en razón de que buscaba combatir uno de los mayores flagelos que padecemos los colombianos. Tampoco fue aprobado el plebiscito que refrendaba los acuerdos que se realizaron con la antigua FARC.
De modo que debe aprovecharse la propuesta, independientemente de otras consideraciones que posteriormente haré y cualesquiera que sean las preguntas, para hacer pedagogía democrática, pues en la medida en que ampliemos nuestra capacitación y formación política, estaremos sentando bases para un mejor futuro y un mayor bienestar.