Esta «migración a la inversa» por el océano Pacífico, si bien no es un fenómeno masivo organizado como una devolución orquestada desde EE. UU., constituye una grave violación de derechos fundamentales.

Rafael Camargo Vásquez

Bogotá, Colombia

Una preocupante dinámica migratoria emerge en la costa Pacífica: personas de todas las edades, que no lograron alcanzar el «sueño americano» en Estados Unidos, están siendo regresadas por redes de tráfico humano a sus países de origen, o a puntos de inicio en Colombia. Esta «migración a la inversa» por el océano Pacífico, si bien no es un fenómeno masivo organizado como una devolución orquestada desde EE. UU., constituye una grave violación de derechos fundamentales y una nueva arista en la compleja crisis humanitaria de la región.

Traficantes en Doble Vía

Mientras las rutas irregulares por el Pacífico para llegar a Norteamérica son bien conocidas y están dominadas por el tráfico de personas, la identificación de este flujo de retorno añade una capa de urgencia. La Defensoría del Pueblo de Colombia, tras una reciente incursión en la frontera con Panamá (en seguimiento a una Alerta Temprana Binacional), confirmó que la migración inversa no solo ocurre por el Caribe, sino también por el Pacífico, específicamente desde el corregimiento Jaqué en el Darién panameño hacia Buenaventura (Valle del Cauca) y, de forma más alarmante, hacia Juradó y Ciudad Mutis (Bahía Solano) en Chocó.

Aquí, la línea entre la «deportación oficial» y la «facilitación de retorno por traficantes» se difumina, exponiendo a los migrantes a los mismos riesgos que en el viaje de ida: secuestro, extorsión, violencia sexual y abandono. Aunque las autoridades migratorias son las encargadas de las deportaciones formales, estas redes criminales no dudan en explotar la vulnerabilidad de quienes buscan volver a sus hogares, o de quienes son abandonados a su suerte tras un intento fallido de cruce.

Polvorín Humanitario

La situación es crítica, especialmente en el departamento del Chocó, donde la presencia institucional es notoriamente más débil. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó sobre la llegada de niñas y niños sin identificación y en compañía de adultos que no son sus padres ni familiares, lo que los convierte en «sujetos de especial protección constitucional» en riesgo inminente. Además, la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial agrava el peligro para estas poblaciones, que a menudo incluyen personas con discapacidad o que no hablan español.

Acción Binacional

Entre 20 y 40 migrantes llegan a diario a Juradó, un municipio que, junto a Bahía Solano, carece de la capacidad institucional necesaria para responder a esta creciente afluencia, lo que amenaza con desatar una crisis humanitaria. «Como esta ruta no existía, todos los esfuerzos y capacidades estaban enfocados sobre el lado del mar Caribe, del océano Atlántico», manifestó la Defensora.

El llamado de la Defensoría del Pueblo es vehemente: el Estado colombiano debe activar con urgencia planes y acciones humanitarias, mientras se extiende un pedido al Gobierno panameño para fortalecer los controles migratorios en el Darién y garantizar los derechos de todos los migrantes, sin importar su edad o condición. La violación de derechos fundamentales en estas travesías, de ida o de vuelta, exige una respuesta coordinada y humanitaria de ambos países.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, tras una reciente incursión en la frontera con Panamá (en seguimiento a una Alerta Temprana Binacional), confirmó que la migración inversa no solo ocurre por el Caribe, sino también por el Pacífico

Entre 20 y 40 migrantes llegan a diario a Juradó, un municipio que, junto a Bahía Solano, carece de la capacidad institucional necesaria para responder a esta creciente afluencia, lo que amenaza con desatar una crisis humanitaria.