María Consuelo Porras Argueta, Fiscal de Guatemala
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
PARA LA ONU, María Consuelo Porras Argueta, Fiscal de Guatemala y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),son una vergüenza para la justicia.
Ciudad de Guatemala.
La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado una profunda preocupación por el estado de la independencia judicial en Guatemala. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, emitió un contundente informe preliminar tras una visita oficial al país centroamericano entre el 12 y el 23 de mayo de 2025.
El informe de Satterthwaite documenta una alarmante «estrategia de instrumentalización del derecho penal para desprestigiar, intimidar y neutralizar a jueces, fiscales y abogados independientes, así como a periodistas, indígenas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de las Comisiones de Postulación». La relatora advierte que el sistema jurídico guatemalteco se encuentra en una coyuntura crítica, y que el futuro democrático del país pende de un hilo en cómo se manejen los nombramientos judiciales y el derecho penal.
Patrones de Criminalización
Entre los preocupantes patrones de criminalización identificados por la ONU, Satterthwaite destaca:
- La persecución a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
- La apertura de múltiples expedientes contra una misma persona.
- El uso de acusaciones vagas y amplias (como abuso de autoridad o asociación ilícita) para criminalizar actividades protegidas por la Constitución.
- Casos de detención arbitraria, acoso en línea, asignación indebida de casos, y una erosión constante de las garantías procesales.
La Relatora hizo un llamado urgente a Guatemala para defender la integridad de su sistema de justicia y poner fin a la criminalización, enfatizando que el Poder Ejecutivo debe asumir un compromiso público claro para fomentar la confianza en el Estado de Derecho.
Caso Velásquez y Camargo
Las observaciones de la ONU adquieren un peso particular en el contexto de las recientes órdenes de captura emitidas por la justicia guatemalteca contra el exministro colombiano Iván Velásquez (quien lideró la CICIG en Guatemala) y la actual Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche (quien figura en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de EE. UU.) ha defendido estas órdenes, acusando a Velásquez y Camargo de «ilegalidad y corrupción» en el caso Odebrecht. Sin embargo, Interpol ha declinado emitir circular roja contra ellos, dado el rechazo de Colombia a la solicitud y la inmunidad internacional que protege a ambos funcionarios por su rol en la CICIG.
La Cancillería y la Fiscalía General de Colombia han rechazado enérgicamente las órdenes de captura, calificándolas de «sin sustento jurídico», «contrarias al derecho internacional» y parte de una «persecución política». La Fiscal Camargo las ha descrito como un «contraataque» a su labor anticorrupción. En este complejo y tenso escenario, el informe de la Relatora de la ONU refuerza la denuncia de una posible instrumentalización de la justicia en Guatemala para silenciar a quienes han luchado contra la corrupción, profundizando la preocupación internacional por la salud democrática del país.