El robo del dinero de la salud desde que se aprobó la Ley 100a dejando más de un millón de muertos.

Rafael Camargo Vásquez

El presidente Gustavo Petro Urrego denunció recientemente que su padre, Gustavo Petro Sierra, de 90 años, ha sido víctima de acciones que afectan su bienestar. Según el mandatario, una persona anónima impidió el ingreso de la enfermera encargada de su cuidado, a pesar de que su progenitor ha sufrido tres caídas que requirieron hospitalización. Petro calificó este acto como una «perfidia» dirigida a perjudicarlo indirectamente, afectando la salud de su padre.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), el presidente expresó su preocupación, explicando que, tras las caídas, los médicos recomendaron cuidados permanentes para su padre. Sin embargo, el ingreso de la enfermera al edificio donde reside fue bloqueado por un individuo no identificado. Petro interpretó esta acción como un intento de dañarlo mediante el sufrimiento de su familia.

El gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado críticas y acusaciones, especialmente en el ámbito de la salud, desde diversos sectores:

Partidos de oposición: Grupos como el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos sectores del Partido Conservador, así como congresistas liberales y cristianos, han cuestionado la reforma a la salud, argumentando que debilita el sistema actual y genera incertidumbre en la prestación de servicios.

EPS (Empresas Promotoras de Salud): Las EPS han criticado la reforma porque reduce su papel dentro del sistema y transfiere más responsabilidades al Estado. Algunas han advertido que el modelo propuesto podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Gremios y asociaciones médicas: Aunque algunos profesionales apoyan ciertos aspectos de la reforma, otros han alertado sobre posibles riesgos en la atención a los pacientes y en la administración de los recursos.

Medios de comunicación: Algunos medios han sido críticos con la propuesta, señalando problemas de viabilidad, falta de consensos y dificultades en su ejecución.

Las denuncias del presidente han generado diversas reacciones. Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), organización de derecha, cuestionó las declaraciones de Petro. Afirmó que las acusaciones de acaparamiento reflejan un desconocimiento del funcionamiento del sector salud y que la escasez de medicamentos se debe a una deuda de $4 billones en el sistema.

A pesar de las críticas, el gobierno ha defendido la reforma asegurando que busca garantizar el derecho a la salud, mejorar el acceso y reducir la intermediación financiera. No obstante, la crisis en el sistema se ha agravado con la escasez de medicamentos, lo que ha provocado movilizaciones de pacientes en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Petro ha responsabilizado a los gestores farmacéuticos, acusándolos de acaparar fármacos y aumentar sus precios.

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