El «cartel de las firmas» cobran hasta dos mil  pesos por  rúbrica

Javier Sánchez

Centro de Investigaciones

Primicia Diario

En el panorama político colombiano, la recolección de firmas para avalar candidaturas presidenciales ha derivado en un lucrativo y polémico negocio. Organizaciones que se autodenominan «empresas electorales» estarían cobrando entre mil y tres mil pesos por firma a precandidatos, a pesar de que más de medio centenar de aspirantes se ha inscrito para este fin. La mayoría de ellos, sin embargo, no se observa en las calles recolectando apoyos, sino que, presuntamente, los negocian por importantes sumas de dinero en lo que algunos han denominado el «cartel de las firmas».

Este mercado negro electoral, que facilita la obtención de las 50,000 firmas requeridas como tope por la Registraduría Nacional del Estado Civil, estaría moviendo entre 150 y 200 millones de pesos por aspirante, una cifra que muchos estarían dispuestos a pagar. La Registraduría exige un número de firmas válidas equivalente al 3% del total de votos válidos de la elección presidencial anterior, con el límite máximo de 50,000 firmas.

Las denuncias sobre esta práctica señalan que las firmas provienen de bases de datos de eventos anteriores, incluso de la propia Registraduría, o de planillas firmadas en entidades públicas con otros propósitos.

Un directivo de una veeduría electoral denunció que «la recolección de firmas es una vagamundería tomada por las mafias electorales para poder presentar a personas que carecen de respaldo popular como candidatos presidenciales y luego negociar sus respectivos retiros a cambio de fuertes sumas de dinero, contratos estatales y, en otros casos, con burocracia».

Señalamientos de la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha alzado la voz sobre la falta de transparencia y las irregularidades que permean este proceso. Sus señalamientos clave incluyen:

No existe claridad sobre los financiadores de la recolección de firmas, lo que crea una falta de responsabilidad política.

La falta de regulación podría permitir el ingreso de recursos de actores ilegales o extranjeros.

Se ha reportado la utilización inapropiada de datos personales de los ciudadanos.

Numerosas firmas son declaradas inválidas por la Registraduría, lo que genera dudas sobre la autenticidad y la transparencia del proceso.

Las mafias electorales en Colombia ejercen una influencia significativa en los resultados de las elecciones a nivel presidencial, de congreso, de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.