La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sacudido al país con una revelación impactante: 42 antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, incluyendo seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales.

Bogotá, Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sacudido al país con una revelación impactante: 42 antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, incluyendo seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados profesionales y dos civiles, han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Antioquia. Estos hechos, ocurridos entre 2002 y 2007, se enmarcan en el Caso 03 de ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia colombiana que en el subcaso Antioquia concentra un alarmante 25,19% del total nacional de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Los comparecientes admitieron su participación en el brutal asesinato de al menos 581 personas, de las cuales 208 fueron además desaparecidas forzadamente. Los crímenes fueron ejecutados por seis batallones de la IV Brigada, que implementaron una «política de facto» perversa: el éxito militar se medía por el número de muertes, sin importar la legalidad de las bajas. Un testimonio desgarrador fue el del teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, oficial de operaciones de la IV Brigada entre 2004 y 2007, quien en su carta de reconocimiento confesó haber impulsado una política de «incentivos positivos y negativos» para inflar las cifras de bajas. «Ejercí presión indebida a fin de que se dieran más resultados operacionales… fomenté el otorgamiento de medallas como consecuencia de la presentación de bajas en combate», detalló Piza Gaviria, corroborando las denuncias de larga data sobre la presión por resultados.

El Difícil Camino Hacia la Verdad

Más allá de los reconocimientos individuales, los militares y civiles implicados se han comprometido a entregar información crucial a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a participar activamente en actividades restaurativas para las víctimas y sus familias. La JEP destaca la voluntad de algunos, como el mayor César Augusto Tavera Cardona, quien aceptó responsabilidades adicionales por crímenes cometidos por sus subalternos bajo presión de sus superiores, ampliando el espectro de la verdad. Entre los uniformados que han reconocido su participación se encuentran también los tenientes coroneles Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz, todos ellos comandantes de unidades bajo investigación. En total, la investigación de la JEP ha señalado que la IV Brigada fue responsable del 73% de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2000 y 2013, con un pico de atrocidades entre 2003 y 2005.

La Sombra del General (r) Montoya

A pesar de la contundencia de las pruebas recopiladas por la JEP —que incluyen versiones voluntarias de los implicados, documentos operacionales internos y registros radiales—, la verdad aún tiene escollos. Ocho de los comparecientes no aceptaron la imputación o guardaron silencio, lo que llevará sus casos a un proceso adversarial. El caso del general (r) Mario Montoya, quien fue comandante de la IV Brigada entre 2002 y 2003, es particularmente notorio. Montoya no reconoció su responsabilidad en los crímenes imputados, por lo que su proceso ha sido remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Esto significa que Montoya enfrentará un juicio que podría culminar con una condena de hasta 20 años de prisión, según han señalado fuentes de la JEP y medios como Infobae. Su situación es compleja, ya que también ha sido sancionado por Estados Unidos con la prohibición de entrada al país, a él y a su familia, por sus vínculos con graves violaciones a los derechos humanos.

Un Paso Crucial Hacia la Reparación

En estos encuentros públicos, los responsables deberán asumir plenamente sus crímenes, reconocerlos como violaciones flagrantes a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y demostrar su genuina voluntad de reparar a las víctimas. Estas audiencias son un momento crucial para las víctimas, que han esperado por años el reconocimiento de la verdad y la búsqueda de justicia por las vidas arrebatadas en uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.