En libertad la primera mujer que se acogió a la Ley de Utilidad Pública en Bogotá,ahora tiene la oportunidad de trabajo en servicios comunitarios logró salir del lugar

Gabriela Hoyos W. 

Bogotá D.C. 

Hasta la fecha, 165 mujeres en Colombia, condenadas por hurto o tráfico de estupefacientes, han logrado sustituir su pena de prisión por servicios comunitarios. Esto ha sido posible gracias a la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. La mayoría de estas mujeres ya se encuentran en libertad, dedicadas a cumplir con las labores comunitarias asignadas por los jueces, y dieciséis de ellas incluso han finalizado completamente su condena, según datos del Centro de Monitoreo de la Ley de Utilidad Pública del Ministerio de Justicia.

El Gobierno Nacional ha ido más allá, ofreciendo 2.549 cupos adicionales para madres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad. Estos cupos están destinados a mujeres cuyas condenas no exceden los ocho años y no están relacionadas con hurto o tráfico de estupefacientes, permitiéndoles solicitar la sustitución de su pena ante los jueces de ejecución. El Ministerio de Justicia ha logrado asegurar estas plazas mediante colaboraciones estratégicas con 30 entidades públicas, incluyendo alcaldías, gobernaciones y fundaciones sin ánimo de lucro.

Un aspecto sobresaliente de esta iniciativa, destacado por el Ministerio de Justicia, es la tasa de reincidencia del 0% en los casos donde se ha aplicado esta medida. El departamento de Santander lidera la implementación de esta ley, con más de 13 mujeres ya realizando labores de utilidad pública, demostrando el impacto positivo de la medida en la reintegración social.

De acuerdo con las cifras del sistema penitenciario, aproximadamente 4.500 de las casi 20.000 mujeres actualmente privadas de la libertad en el país podrían ser elegibles para optar por esta modalidad de cumplimiento de su pena, abriendo una puerta significativa hacia la resocialización y el impacto comunitario.