Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
María Fernanda Fuentes W.
Primicia Diario
El Consejo de Estado ha puesto fin a la incertidumbre alrededor del nombramiento de Luz Adriana Camargo al ratificar su elección como Fiscal General de la Nación. El alto tribunal rechazó las demandas que buscaban anular su cargo, a pesar de las presiones de los opositores que pretendían detener su llegada. El fallo concluye que no hubo irregularidades en el proceso.
La oposición, que buscaba la salida de la fiscal Luz Adriana Camargo, presionó con un numeroso grupo de abogados que hizo cabildeo ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular su elección.
Decisión judicial
La Sala de lo Contencioso Administrativo unificó las demandas en su contra y confirmó la legalidad de la elección basándose en dos puntos clave:
Proceso transparente: El tribunal determinó que la renuncia de la exfiscal Amelia Pérez Parra horas antes de la votación no vició el proceso. La Corte Suprema de Justicia, encargada de la elección, actuó conforme a la ley, garantizando la validez de la terna.
Votación sin irregularidades: La decisión descarta que la votación de la Corte Suprema, donde Camargo obtuvo 18 de 23 votos, haya estado afectada por presiones externas o falta de motivación, como se argumentaba en las demandas.
La elección de Luz Adriana Camargo se dio en medio de un largo proceso de votaciones en la Corte Suprema, que buscaba un sucesor para el entonces Fiscal General, Francisco Barbosa. La renuncia de Amelia Pérez Parra generó una situación de controversia y múltiples demandas que buscaban tumbar el proceso.
Con esta decisión, la elección de la fiscal Camargo queda en firme, lo que le otorga la solidez jurídica necesaria para continuar con su labor institucional al frente de la Fiscalía General de la Nación.
A pesar de la intensa presión y el cabildeo de la oposición para destituirla, la fiscal Luz Adriana Camargo se mantiene en su cargo. El Consejo de Estado ratificó su elección, afirmando que la Corte Suprema de Justicia actuó conforme a la ley, garantizando la validez del proceso.