El presidente Petro, expulsó la delegación diplomática de Israel en Colombia a raíz del secuestro de dos colombianas.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha escalado el conflicto diplomático con Israel al anunciar la presentación de demandas internacionales y exigir «indemnizaciones y cárcel» para los responsables de la detención de dos ciudadanas colombianas. Las mujeres, identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto, fueron detenidas mientras viajaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza para entregar ayuda humanitaria, un hecho que, según el mandatario, constituye un crimen bajo el derecho internacional.
Esta decisión intensifica la confrontación entre ambos Estados, cuyas relaciones ya se encontraban rotas.
Crimen Internacional
La postura del Gobierno colombiano se centra en catalogar el incidente como un «crimen internacional» y un «secuestro». El presidente Petro ha sido enfático en sus comunicados y en la red social X, asegurando que la retención de las connacionales, ocurrida en aguas internacionales, es una violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional.
La Cancillería ha respaldado esta calificación de «acción grave», un juicio compartido por entidades como la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que ha rechazado las «acciones arbitrarias de Israel» en este contexto.
Demandas y Exigencias
El anuncio más trascendental del jefe de Estado colombiano fue la determinación de buscar justicia y reparación: «Colombia pondrá las demandas internacionales como víctima y exigirá indemnizaciones y cárcel a quienes cometieron el crimen en aguas internacionales», sentenció Petro.
El mandatario ha encomendado a la Cancillería la tarea de presentar todas las acciones judiciales pertinentes, instando incluso a acudir a la justicia israelí, y ha convocado a abogados internacionales a unirse al equipo legal del Estado colombiano. El Gobierno también ha denunciado reportes según los cuales a Bedoya y Barreto no se les había suministrado agua ni comida, lo que agravaría la situación humanitaria de la detención.
Ruptura Diplomática
En respuesta al incidente, que tuvo lugar alrededor del 1 de octubre, el presidente Petro ordenó de manera inmediata la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel que permanecía en Colombia.
Adicionalmente, el Ejecutivo ordenó la denuncia inmediata del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel. Esta medida comercial generó preocupación en gremios empresariales como la ANDI, que recordaron que los intercambios comerciales deben regirse por principios de mercado y no por ideologías políticas.
Finalmente, el Gobierno ha recordado que, aunque las nuevas demandas se centran en el caso de las ciudadanas, Colombia mantiene su intención de acompañar la acción judicial de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violación de la Convención contra el Genocidio.