La corrupción ha permitido que las obras se realicen con materiales de inferior calidad o de manera deficiente, lo que las hace vulnerables a las crecientes del río Cauca, como ocurrió con el jarillón, que colapsó a pesar de haber recibido cuantiosas inversiones.

Javier Sánchez

Bogotá

En una decisión que abarca a dos administraciones gubernamentales, la Procuraduría General de la Nación impuso una severa sanción a tres exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las suspensiones e inhabilidades están directamente relacionadas con el presunto «manejo corrupto» e irregularidades en la emergencia causada por el desbordamiento del jarillón de Caregato en La Mojana.

Sancionados 

La sanción disciplinaria, que se considera de primera instancia y es apelable, recayó sobre:

Eduardo José González (Gobierno de Iván Duque): Sancionado con suspensión e inhabilidad por 12 años.

Olmedo López (Gobierno de Gustavo Petro): Sancionado con suspensión e inhabilidad por 12 años.

Javier Pava (Gobierno de Gustavo Petro): Sancionado con suspensión e inhabilidad por 10 años.

Fallas en la gestión 

La investigación del ente de control se centró en la falta de acción oportuna y las graves falencias en la gestión del riesgo que agravaron la catástrofe humanitaria en la región.

Según la Procuraduría, los exdirectores no activaron los planes de emergencia de manera efectiva ni implementaron a tiempo las obras de mitigación necesarias para contener el desbordamiento. Los hallazgos principales incluyen:

Irregularidades contractuales: Se encontraron graves fallas en la supervisión de los contratos para las obras de refuerzo del jarillón. Estas presentaban retrasos considerables, lo que impidió que estuvieran listas para prevenir la inundación.

Ineficacia y omisión: La Procuraduría concluyó que la inacción de los exfuncionarios fue una de las causas directas de la magnitud del desastre, que dejó a miles de familias damnificadas y extensas zonas de cultivo bajo el agua.