Con fallo judicial en mano, la policía escolta a campesinos a recuperar tierras despojadas violentamente por grupos armados de derecha, marcando un acto de restitución estatal.

Felipe López  K.

Bogotá, Colombia

 En un hito significativo para la justicia social y territorial, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha superado las cifras de restitución de tierras en favor de comunidades ancestrales, marcando un avance sin precedentes frente a la administración anterior. Bajo el liderazgo del mayor Giovani Yule, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha gestionado la emisión de 22 sentencias que ordenan restituir 194.025 hectáreas a pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, víctimas de la violencia. Esta cifra contrasta notablemente con las 155.045 hectáreas restituidas mediante once medidas judiciales en el cuatrienio precedente.

El Gobierno ha impulsado la emisión del 47% de todas las sentencias étnicas proferidas en los 14 años de vigencia de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635 del mismo año, sumando 22 de un total de 46 providencias en la historia de esta normativa. Este logro, según la URT, representa un cumplimiento fundamental hacia las comunidades afectadas.

Enelia Salinas Chivatá, directora de Asuntos Étnicos de la entidad, destacó la labor incansable de los profesionales post fallo. Ellos, con presencia constante en los territorios, socializan las sentencias y construyen planes de trabajo de la mano con las comunidades, asegurando un cumplimiento efectivo. Restitución de Tierras Étnicas:«Apoyamos iniciativas de financiación que permiten a las comunidades étnicas incrementar la producción y disponibilidad de alimentos en sus territorios, y avanzar hacia la soberanía alimentaria», aseveró Salinas, subrayando el enfoque integral de la restitución.

La materialización de las órdenes judiciales en favor de los pueblos ancestrales, víctimas de despojo y desplazamiento forzado, es una prioridad inquebrantable para la URT. Esta labor no solo garantiza el cumplimiento de los mandatos judiciales, sino que también promueve estrategias de articulación interinstitucional cruciales para el restablecimiento integral de los derechos y la reparación histórica de estas comunidades.

La URT asume como prioridad inquebrantable la materialización de las órdenes judiciales para los pueblos ancestrales, brutalmente despojados y desplazados. Esta labor es fundamental, pues no solo garantiza el cumplimiento de los mandatos de la justicia.