Amenazas y falta de colaboración sellan el destino de la exconsejera, que ve frustrado su intento de principio de oportunidad.

En un giro dramático, la Fiscalía General de la Nación ha cerrado definitivamente la puerta a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, negándole la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad en el marco del escandaloso caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, cargada de tensión, se fundamenta en graves acusaciones de amenazas y la falta de colaboración efectiva por parte de Ortiz.

Los fiscales a cargo de la investigación han manifestado su preocupación por las presuntas amenazas recibidas, señalando directamente a Ortiz como la responsable. Esta acusación, sumada a la evaluación de su comportamiento durante el proceso, ha pesado fuertemente en la decisión de la Fiscalía.

«No se cumplen los requisitos para otorgar un principio de oportunidad» , declararon fuentes cercanas a la investigación. «La colaboración debe ser genuina y transparente, y las amenazas son inaceptables».

La negativa de la Fiscalía representa un duro golpe para Ortiz, quien buscaba un principio de oportunidad como una vía para mitigar su situación legal en el caso que ha sacudido los cimientos del Gobierno. El escándalo de la UNGRD, marcado por acusaciones de corrupción y malversación de fondos, ha generado una profunda crisis política y judicial.

La exconsejera, que ha negado las acusaciones de amenazas, ahora enfrenta un panorama legal complejo. Sin la posibilidad de un principio de oportunidad, su defensa deberá centrarse en demostrar su inocencia ante los tribunales.

Este rechazo de la Fiscalía intensifica la presión sobre Ortiz y podría desencadenar nuevas revelaciones en el caso UNGRD. La decisión envía un mensaje claro: la justicia no tolerará presiones ni obstrucciones, y la transparencia será un requisito ineludible para quienes busquen beneficios legales en este escándalo de corrupción.