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En un movimiento clave para la justicia colombiana, un juez avaló el principio de oportunidad a favor de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión convierte a Pinilla en el testigo principal del escándalo de corrupción que ha expuesto una red de alto nivel dedicada a desviar fondos públicos.

Como parte del acuerdo, Pinilla se comprometió a ofrecer una colaboración eficaz a la Fiscalía, testificando contra 23 personas que, según sus revelaciones, estarían implicadas en los hechos de corrupción. La lista incluye a congresistas, exministros y otros funcionarios del Gobierno.

Matriz de colaboración

La información proporcionada por Pinilla a la Fiscalía ha permitido identificar a los presuntos implicados. La lista completa es la siguiente:

• Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado
• Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes
• Carlos Ramón González Merchán, exdirector del DAPRE
• Sandra Liliana Ortiz Nova, consejera presidencial para las regiones
• Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda
• Luis Fernando Velasco Chávez, exministro del Interior
• Julio Elías Chagui, senador de la República
• Karen Astrid Dique Olarte, representante a la Cámara
• Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la UNGRD
• Eduardo Rivero Rey, vinculado a un soborno de $13.000 millones
• Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAPRE
• César Augusto Manrique Soacha, director de la Función Pública
• Pedro Andrés Rodríguez Melo, ex asesor de la UNGRD
• Luis Eduardo López Rosero, contratista de la UNGRD
• Víctor Andrés Mesa Galván, subdirector general de la UNGRD
• Harry Bejarano
• Camilo Díaz
• Juan Carlos Torres
• Edilberto Torres Montes
• Gustavo González Ruiz, pareja de la congresista Karen Dique
• Hugo Tolosa
• María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda
• Olmedo de Jesús López, exdirector general de la UNGRD

¿Qué es el principio de oportunidad?

En el marco legal colombiano, el principio de oportunidad es una figura del Código de Procedimiento Penal que permite a la Fiscalía suspender o renunciar a la acción penal contra un acusado a cambio de su cooperación. Esta herramienta legal está diseñada para que, a través de la confesión y delación de un implicado, las autoridades puedan desarticular redes criminales más grandes.

Para que el acuerdo sea válido, el acusado debe cumplir con un requisito fundamental: ofrecer una colaboración eficaz. Esto significa que no basta con nombrar a otros implicados; la persona debe entregar pruebas verificables y elementos materiales probatorios que permitan a la Fiscalía demostrar la culpabilidad de quienes son señalados. La legalización final de este pacto recae en un juez de control de garantías, quien evalúa si la colaboración es realmente sustancial para la investigación.