2,4 millones de personas fueron desplazadas, en los años del Gobierno de Uribe.
Las víctimas fueron desplazadas a sangre y fuego con la complacencia del Estado.
Rafael Camargo Vásquez
Primicia Diario
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha marcado un hito en la política social del país con la presentación del Conpes 4180, denominado «Política Nacional de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado». Con una inversión histórica de 10,1 billones de pesos, el Estado colombiano transita de un modelo de asistencia humanitaria inmediata hacia una estrategia de estabilización a largo plazo, diseñada para transformar la realidad de más de nueve millones de personas afectadas por el conflicto interno.
Autonomía y el desarrollo
Esta nueva hoja de ruta, que articula los esfuerzos de 24 entidades nacionales y territoriales, se distancia del enfoque asistencialista tradicional para implementar 66 acciones concretas. El objetivo es ambicioso: lograr que al menos el 75% de las víctimas superen su condición de vulnerabilidad. Para ello, la política posiciona a los desplazados como «agentes activos del desarrollo», priorizando modelos de economía popular, empleo y autoempleo que reconozcan sus saberes y fortalezcan su identidad colectiva.
La directora de Planeación Nacional, Natalia Molina Posso, ha sido enfática al señalar que la reparación y la no repetición deben constituir una verdadera «política de Estado», rescatando a millones de familias de la fragmentación institucional para devolverles la dignidad y la confianza en la democracia.
Escenario internacional
El respaldo global consolida esta iniciativa. Colombia se sitúa como uno de los 15 beneficiarios del Fondo de Soluciones Duraderas de la ONU, un reconocimiento al esfuerzo por buscar soluciones estructurales a la crisis humanitaria. Desde Acnur, su representante Giovanni Lepri ha calificado este momento como «histórico», destacando que el acompañamiento técnico internacional será clave para que el retorno, la reubicación y la integración local se traduzcan en realidades sostenibles que rompan definitivamente el ciclo del desplazamiento.
Construcción democrática
La legitimidad del Conpes 4180 reside en su origen participativo. Desde noviembre de 2024, el DNP, Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas coordinaron encuentros pedagógicos con más de 2.500 líderes y organizaciones sociales. Este proceso sin precedentes asegura que la política no sea una imposición técnica, sino una respuesta directa a las demandas de quienes han vivido el desarraigo.
Como bien afirma Alix Dunieka Aguilar, directora de la Unidad para las Víctimas, el camino hacia la paz estable implica garantizar que el bienestar y la seguridad dejen de ser aspiraciones para convertirse en derechos tangibles. Con este paso, Colombia reafirma que la superación del desplazamiento es el cimiento indispensable para la reconstrucción del tejido social.