Las investigaciones revelan que 28 congresistas tramitaron contratos multimillonarios en los que ellos mismos designaban al contratista, asegurando para sí comisiones ilícitas de entre el 10% y el 20%.

Efraín Cepeda, Katherine Miranda , Wadith Manzur, Armando Zabaraín, Miguel Ángel Pinto, Marcos Daniel Pineda, entre otros, aparecen en la lista de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Rafael Camargo Vásquez 

Judicial

La justicia colombiana avanza en uno de los capítulos más graves de corrupción institucional de los últimos tiempos. La Corte Suprema de Justicia ha recibido una compulsa de copias por parte de la Fiscalía General para investigar formalmente a 28 congresistas, presuntamente implicados en una red de direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este escándalo, que se desprende de las investigaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señala que los parlamentarios habrían recibido «cupos» de contratación en obras públicas a cambio de apoyos legislativos estratégicos.

LAS PRUEBAS Y EL MODUS OPERANDI

Las pruebas fundamentales de este entramado provienen del interrogatorio a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Ricardo Bonilla. La testigo entregó información detallada, incluyendo un «archivo Excel», que documenta cómo se transaban proyectos de infraestructura vial a cambio de votos en el Congreso. Según la Fiscalía, los parlamentarios habrían solicitado cambios en partidas presupuestales para dirigirlas a entidades específicas donde ya existían acuerdos con contratistas, quienes finalmente retornaban porcentajes de los recursos a los políticos involucrados.

LOS 28 CONGRESISTAS

La lista de investigados incluye figuras de alto perfil que, en su mayoría, acaban de ser ratificadas en las urnas. Los senadores vinculados al proceso son: Efraín Cepeda (Conservador), Juan Pablo Gallo (Liberal), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Liliana Bitar (Conservador), Karina Espinosa (Liberal), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Fabio Amín (Liberal), John Jairo Roldán (Liberal), Julio Alberto Elías (Partido de la U), Marcos Daniel Pineda (Conservador) y José Alfredo Gnecco (U).

Por su parte, los representantes a la Cámara implicados son: Katherine Miranda (Alianza Verde), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Juan Loreto Gómez (Conservador), Wadith Manzur (Conservador), Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U), Kelyn Johana González (Liberal), Germán Rozo (Liberal), Jezmi Barraza (Liberal), Julián Peinado (Liberal), Álvaro Monedero (Liberal), Sandra Aristizábal (Liberal), Octavio Cardona (Liberal), Hugo Archila (Liberal), Milene Jaraba (Partido de la U), Armando Zabaraín (Conservador) y Manlio Alvis (Pacto Histórico).

REPERCUSIONES INSTITUCIONALES

El caso ha sido calificado por fuentes judiciales como de «proporciones mayores» al de la UNGRD, debido a que los contratos de infraestructura vial mueven sumas de dinero significativamente más altas. Mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inicia las indagaciones preliminares, el país observa con escepticismo cómo estos implicados se preparan para el periodo legislativo 2026-2030, profundizando la crisis de legitimidad del nuevo Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio.