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Crónica de una comparecencia histórica: MADURO ANTE LA JUSTICIA NEOYORQUINA

Bocetos hechos a mano, se logra observar el comportamiento y los gestos de Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores cuando se sentaron ante el tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos. Estas son las ilustraciones.  

 

 

Primicia Diario

Nueva York 

La silueta de un helicóptero sobre el helipuerto de Wall Street marcó el inicio de una jornada histórica. Nicolás Maduro, vestido con el uniforme naranja reglamentario y escoltado por agentes de la DEA, descendió cojeando levemente —producto de lesiones reportadas durante su captura—. Minutos después, una caravana blindada lo trasladó a la Corte Federal del Distrito Sur, en la calle Pearl 500. A las afueras, el ambiente era eléctrico: una multitud dividida entre venezolanos que celebraban con consignas de «libertad» y manifestantes que denunciaban la intervención estadounidense como un «atropello al derecho internacional».

Juez Alvin Hellerstein

En la sala 26A, el ambiente era gélido. El juez federal Alvin K. Hellerstein, un veterano de 92 años conocido por su rigor, presidió la audiencia de formalización de cargos. Maduro estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también vestía el uniforme de presidiario y presentaba vendajes en la frente y posibles fracturas costales. La pareja fue representada por abogados de alto perfil, entre ellos Barry Pollack, reconocido por su labor en el caso de Julian Assange.

Al ser consultado sobre su identidad, Maduro respondió con firmeza: «Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela. Estoy aquí secuestrado». El juez lo interrumpió en seco, recordándole que la sesión era para asuntos procesales, no para discursos políticos: «Habrá tiempo para eso. Ahora solo queremos saber si es Nicolás Maduro».

A través de un intérprete, Maduro se declaró «no culpable», calificándose a sí mismo como un «hombre decente» y un «prisionero de guerra» amparado por las convenciones internacionales. Cilia Flores también se declaró «completamente inocente» frente a los cargos de tráfico de cocaína.

Se les notificaron formalmente cuatro cargos principales: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE. UU., posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armamento pesado. La fiscalía alega vínculos con el «Cartel de los Soles» y grupos como las disidencias de las FARC y el ELN.

Un incidente en la galería

La solemnidad de la corte se rompió brevemente cuando un asistente entre el público increpó al exmandatario llamándolo «ilegítimo». Maduro, girándose hacia la galería, respondió en voz alta en español: «¡Soy un presidente secuestrado! ¡Un prisionero de guerra!». El juez ordenó el desalojo inmediato del manifestante y el fin de las intervenciones espontáneas para retomar el hilo conductor del proceso.

Lo que sigue en el proceso

La audiencia, que duró aproximadamente 50 minutos, concluyó con la decisión de mantener a la pareja bajo custodia sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn (MDC). La defensa solicitó asistencia médica urgente y acceso consular. La próxima cita judicial ha sido fijada para el 17 de marzo de 2026, fecha en la que se iniciará la etapa de discovery (revelación de pruebas), donde se revisarán testimonios de la DEA y documentos de inteligencia bajo estrictos protocolos de seguridad nacional.

Barry Pollack ante la justicia federal

La defensa de Nicolás Maduro no se limitará a negar los cargos de narcoterrorismo; buscará implosionar la validez de todo el proceso penal. Pollack, arquitecto de la libertad de Julian Assange, ha diseñado una ruta que transita por cuatro ejes críticos:

Nulidad por «secuestro internacional»

El primer golpe de la defensa apunta a la forma en que Maduro llegó a suelo estadounidense. Pollack sostendrá que la detención en Caracas —ejecutada por fuerzas especiales el pasado 3 de enero— carece de cualquier marco legal convenciona

Al no mediar un tratado de extradición ejecutado ni el beneplácito de las autoridades locales, la defensa calificará el acto como un «secuestro de Estado».

Se argumentará que la orden ejecutiva de Donald Trump para intervenir militarmente en Venezuela no contó con la autorización del Congreso de EE. UU., lo que invalidaría la legalidad de la custodia resultante.

Escudo de las Convenciones de Ginebra

Durante su comparecencia, el propio Maduro invocó su estatus de «prisionero de guerra». Esta no es una declaración al azar, sino el núcleo de una protección internacional:

Pollack buscará que se reconozca que Maduro fue capturado en un contexto de conflicto armado o intervención militar extranjera. De lograrlo, el juicio podría desplazarse de una corte penal ordinaria a un marco regulado por los Convenios de Ginebra, complicando la aplicación de penas por delitos comunes como el tráfico de drogas.

La defensa insistirá en que, a pesar del desconocimiento diplomático de Washington, Maduro era el mandatario de facto. Según esta tesis, un tribunal extranjero no tiene potestad para juzgar a un jefe de Estado por «actos oficiales», desafiando la postura de la fiscalía que tipifica el narcoterrorismo como una actividad criminal privada.

Pruebas

La audiencia fijada para el 17 de marzo de 2026 será el escenario donde la defensa intentará desmantelar el expediente de la fiscalía:

Pollack aprovechará cualquier modificación o suavización en la acusación reciente sobre esta organización para argumentar que el caso es una «construcción política» sin sustento fáctico sólido.

La estrategia incluirá el desprestigio sistemático de los exoficiales venezolanos cooperantes. La defensa los presentará como delincuentes confesos que han «fabricado testimonios» a cambio de residencias y beneficios económicos en Estados Unidos.

«Debido Proceso»

El fantasma de 1989 recorre la sala 26A. Pollack planea invocar la doctrina del debido proceso basada en que la captura fue «impactante para la conciencia».

Con reportes de aproximadamente 80 bajas durante la operación en Caracas, la defensa alegará que el nivel de violencia utilizado hace que el sistema judicial no deba validar la detención. Si el tribunal considera que los derechos fundamentales del acusado fueron violados de forma extrema durante su captura, la defensa solicitará la desestimación total de los cargos.