El desfalco sistemático a las regalías en Colombia fue de tal magnitud que los recursos malversados habrían bastado para pavimentar las calles de los pueblos más olvidados con adoquines de oro de 18 quilates. Esta metáfora del candidato Cepeda ilustra la dolorosa brecha entre la riqueza nacional dilapidada por la corrupción y la precariedad de las obras que hoy languidecen en el barro.

Luis Eduardo Romero

Política 

Mientras el candidato Iván Cepeda recorre las regiones denunciando un saqueo sin precedentes a las regalías, una sombra de silencio se ha posado sobre los principales medios de comunicación del país. Según el aspirante, la magnitud de la corrupción en los municipios productores es de tal nivel que las calles «podrían haber sido pavimentadas con adoquines de oro de 18 quilates», una metáfora que ilustra el abismo entre los fondos girados y las obras inexistentes que hoy padece la ciudadanía.

El robo de las regalías no ha sido un evento aislado, sino un esquema de ingeniería criminal estructurado en tres niveles de impunidad:

La captura de la contratación, donde redes de políticos y contratistas diseñaban pliegos «sastre» para garantizar que solo sus aliados ganaran las licitaciones. El  desvío mediante intermediarios, utilizando empresas de fachada sin experiencia ni maquinaria que servían solo para triangular los fondos. La  cooptación de la supervisión, donde las interventorías recibían prebendas para certificar avances de obra inexistentes, permitiendo que el dinero fluyera sin que se pusiera un solo ladrillo.

«Es un insulto a la justicia social que, con lo que se robaron, se hubieran podido poner adoquines de oro, mientras nuestros niños siguen caminando sobre el barro», sentenció el candidato durante su recorrido por las zonas afectadas.

Censura por intereses compartidos

La grave denuncia de Cepeda no solo apunta a los políticos locales, sino que señala directamente a los propietarios de los llamados «grandes medios». Se alega que estos conglomerados han pasado por alto el escándalo debido a que sus propios dueños se habrían beneficiado del sistema de regalías a través de contratos paralelos o intereses económicos en las zonas afectadas. Este cerco informativo ha impedido que el país conozca en detalle cómo se dilapidó un tesoro que pertenecía a los más pobres.

Entre el oro y el barro

A pesar del vacío en la prensa tradicional, el informe de Cepeda desglosa una arquitectura delictiva que operó con total impunidad:

Se detectaron contratos viales con valores inflados hasta en un 400%, donde el dinero de los contribuyentes se esfumó en trámites de papel.

En los pueblos donde el presupuesto alcanzaba para lujos impensables, la realidad muestra alcantarillados inconclusos y terrenos baldíos que figuran como proyectos terminados.

Mientras los recursos habrían bastado para transformar cada rincón del territorio, los niños de estas zonas «siguen caminando sobre el barro», víctimas de un sistema que priorizó el enriquecimiento de unos pocos sobre el bienestar colectivo.

El despertar de las veedurías

Pese al intento de silenciar la noticia, la contundencia de las declaraciones ha generado un movimiento de resistencia civil. Para este año 2026, la presión social ha forzado a que los entes de control no puedan seguir mirando hacia otro lado:

La Contraloría General ha iniciado una revisión de la última década de contratación en los departamentos señalados por Cepeda.

En los pueblos afectados, se han conformado veedurías independientes que exigen no solo justicia penal, sino la devolución física de los capitales robados.