La imposición de un seguro de asistencia obligatorio para todo visitante que desee ingresar a las áreas protegidas. Según el gremio, esta medida no solo resulta «injusta y arbitraria», sino que contraviene los principios fundamentales de la función pública.

Älvaro Gueto

La Guajira

En un movimiento que redefine la vigilancia civil en el sector turístico, la Asociación de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos de Colombia, Agentucol, ha oficializado su respaldo a la batalla jurídica por la transparencia y el libre acceso a los bienes de uso público. Esta adhesión se materializa mediante la coadyuvancia en la demanda de nulidad simple interpuesta por la Veeduría Ciudadana Funsicaribe, liderada por Abelardo Meza Herazo, contra la controvertida Resolución 273 de 2024 emitida por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El conflicto 

El núcleo de la controversia radica en la imposición de un seguro de asistencia obligatorio para todo visitante que desee ingresar a las áreas protegidas. Según el gremio, esta medida no solo resulta «injusta y arbitraria», sino que contraviene los principios fundamentales de la función pública. La resolución en cuestión traslada la responsabilidad de Parques Nacionales ante posibles accidentes directamente a una aseguradora avalada por la misma entidad, obligando al ciudadano a un pago adicional sin que medie una garantía contractual clara que asegure una atención inmediata y eficaz.

Desde la perspectiva de la operación turística, esta disposición genera una distorsión económica y operativa. Las agencias locales ya integran en sus paquetes asistencias médicas y cuentan con pólizas de responsabilidad civil extracontractual. En consecuencia, la medida de Parques Nacionales deriva en que el turista termine tributando «dos y hasta tres veces por un mismo concepto asegurador», una carga financiera que Agentucol califica como un abuso impositivo.

El blindaje 

La defensa de Agentucol no solo es gremial, sino constitucional. Se recuerda con énfasis que las playas y zonas de reserva son bienes de uso público, definidos por la ley como «inalienables e inembargables». La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido taxativa al garantizar que el acceso a estos espacios debe ser libre y gratuito, principios que se ven amenazados cuando se condiciona el ingreso al pago de gravámenes indirectos disfrazados de seguros obligatorios.

Ante este escenario, la demanda de nulidad, que tras ser revisada por los Tribunales Administrativos ha sido remitida por competencia al Consejo de Estado, busca restablecer el equilibrio entre la gestión ambiental y los derechos ciudadanos.

Cohesión sectorial

Agentucol ha extendido una invitación formal a todos los operadores turísticos, agencias de viajes y a la ciudadanía en general para sumarse a esta causa. El objetivo es consolidar un frente común contra lo que consideran una gestión opaca y una extralimitación de funciones por parte de Parques Nacionales Naturales.

«La lucha por los derechos de los visitantes es también la lucha por la transparencia en la gestión de lo que nos pertenece a todos», sostiene el gremio, reafirmando su compromiso con un turismo que sea, ante todo, justo y respetuoso de la legalidad constitucional.