Juliana Guerrero
Magdalena Osorio D.
Judicial
La situación procesal de Juliana Guerrero ha experimentado un viraje significativo tras los recientes anuncios de la Fiscalía General de la Nación. Lo que inició como una indagación preliminar sobre irregularidades administrativas ha escalado hasta convertirse en un complejo expediente penal que sugiere la existencia de una red estructurada para defraudar el erario. El ente acusador ha fundamentado su caso sobre tipos penales de alta gravedad, destacando el «interés indebido en la celebración de contratos» y el «concierto para delinquir», este último por considerar que la implicada formaba parte de una organización dedicada a vulnerar sistemáticamente los principios de transparencia y selección objetiva.
Según las tesis de la Fiscalía, el «modus operandi» de Guerrero se centraba en su capacidad para actuar como un puente estratégico entre la administración y el sector privado. Las pesquisas señalan una sofisticada «manipulación de pliegos» —diseñando condiciones técnicas a la medida de contratistas específicos— y un persistente tráfico de influencias para presionar decisiones administrativas en favor de intereses particulares. Asimismo, se investiga el presunto pago de dádivas y comisiones ilícitas, rastreadas a través de transacciones financieras que configurarían un posible «peculado por apropiación» y la omisión flagrante de los requisitos legales esenciales en la contratación pública.
En el marco de este operativo, que busca desmantelar entramados de corrupción tanto regional como nacional, la Fiscalía ha considerado necesaria la solicitud de una «medida de aseguramiento». El organismo sostiene que el material probatorio, compuesto por registros de comunicaciones y testimonios clave, es «contundente para demostrar la responsabilidad de la imputada» y advierte sobre el riesgo de obstrucción a la justicia. Paralelamente, se han abierto líneas de investigación por presunto lavado de activos, con el fin de determinar el destino final de los recursos públicos presuntamente desviados.
Frente a este escenario, la defensa de Juliana Guerrero mantiene una postura de «negación de cargos», argumentando que los procedimientos cuestionados se ajustaron al rigor administrativo y que la imputación obedece a una interpretación errónea de la ley o, incluso, a una persecución política. Sin embargo, el proceso avanza hacia una etapa decisiva donde la justicia deberá dirimir si las actuaciones de Guerrero fueron meros trámites técnicos o si, por el contrario, representaron una pieza fundamental en el engranaje de la corrupción estatal.