Rafael Camargo Vásquez

Económicas 

En un paso decisivo para saldar las deudas históricas con el occidente del país, el Gobierno Nacional ha dado luz verde al CONPES 4185, bajo el nombre de «Política para el Desarrollo Integral del Pacífico». Este ambicioso instrumento técnico y financiero tiene como meta transformar las condiciones de vida en una región donde la pobreza multidimensional alcanza el 30,6 %, una cifra que supera drásticamente el promedio del resto de Colombia.

La hoja de ruta contempla la ejecución de 166 acciones estratégicas coordinadas por 18 ministerios y 27 entidades estatales, con un horizonte de implementación que se extiende hasta el año 2035. La inversión, que asciende a los $12,35 billones de pesos constantes, prioriza cuatro frentes críticos para la dignidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas de 46 municipios del litoral.

Infraestructura para la vida

El rubro más robusto del plan se destina al saneamiento básico. Con una asignación de $2,2 billones, el Gobierno busca garantizar la cobertura y continuidad del agua potable en nodos neurálgicos como Buenaventura, Tumaco y Quibdó. De manera complementaria, se invertirán $1,5 billones en soluciones de energía eléctrica, apostando por sistemas fotovoltaicos e híbridos para iluminar comunidades rurales que hoy permanecen fuera de la red nacional.

En materia de movilidad, se han destinado $1,4 billones para mejorar la infraestructura fluvial y vial, una medida esencial para romper el aislamiento histórico de subregiones como el Pacífico Medio y el Telembí. Además, el documento incluye un componente transversal de desarrollo social para fortalecer la salud y la educación con un enfoque étnico, buscando explícitamente superar lo que el texto denomina como «racismo estructural».

Un pacto concertado con el territorio

Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se ha subrayado que esta política no fue diseñada desde los escritorios de la capital, sino que es el fruto de un proceso de concertación de dos años con organizaciones sociales de Guapi, Tumaco y Quibdó. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez destacó que este esfuerzo se articula con otros $43,5 billones proyectados a través de pactos territoriales en Nariño, Cauca y Chocó, configurando una apuesta regional sin precedentes en la historia republicana.

No obstante, las voces del sector gremial llaman a la cautela y a la eficiencia. Andesco, el gremio de los servicios públicos, aunque recibió con optimismo la noticia, advirtió que la brecha nacional en saneamiento es de tal magnitud que este Conpes debe verse como un primer paso que requiere de una «ejecución impecable» para evitar que las promesas queden solo en el papel y se traduzcan en bienestar real para los habitantes del Pacífico.