Estados Unidos devolvió a Alex Saab a Caracas; a cambio, Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses —entre ellos los exmarines Airan Berry y Luke Denman— y entregó a la justicia norteamericana al fugitivo Leonard Glenn Francis, conocido como «Fat Leonard», protagonista de un colosal escándalo de corrupción en la Marina de EE. UU.

Primicia Diario 

Internacional 

La impunidad del hombre que alguna vez ostentó las llaves de las finanzas del chavismo parece haber expirado en la penumbra de la madrugada. A las 2:30 A.M., una unidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ejecutó la captura de Álex Saab en su residencia de la urbanización Cerro Verde. Lo que para sus allegados es una detención «administrativa», para las agencias de inteligencia globales es el resultado de una «colaboración táctica» con el FBI, marcando el fin de su estatus como intocable tras su salida del Ministerio de Industrias el pasado enero.

Tablero de extradición

La caída de Saab no es un evento aislado, sino el epílogo de un «descarte político» orquestado en las altas esferas del Palacio de Miraflores. Tras la salida del gabinete de la presidenta interina Delcy Rodríguez, el barranquillero perdió el paraguas diplomático que lo protegía. Versiones diplomáticas sugieren que EE. UU. envió mensajes directos al empresario: el régimen ya no lo considera un baluarte, sino un activo tóxico en las nuevas negociaciones con Washington.

Con la justicia italiana ratificando condenas por blanqueo contra él y su esposa, Camilla Fabri, y con una administración en EE. UU. decidida a reactivar la presión sobre Venezuela, Saab se ha convertido en la moneda de cambio definitiva. Su extradición no solo es una posibilidad, sino el eje de una negociación que busca la normalización de relaciones bilaterales bajo el espectro de la administración Trump en este 2026.

Políticos en la mira

Sin embargo, el verdadero terremoto se siente en Bogotá. La captura de Saab ha reactivado los expedientes de sus facilitadores en Colombia, extendiéndose más allá de su círculo familiar y empresarial. Investigaciones de la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con agencias federales, han puesto bajo la lupa a un grupo de «políticos y exfuncionarios colombianos» que habrían facilitado el andamiaje del blanqueo desde 2011.

Se indaga la identidad de congresistas y exministros que, presuntamente, habrían intercedido para asegurar contratos de vivienda y alimentos (CLAP), recibiendo a cambio comisiones blanqueadas a través de complejas redes en Panamá, Rusia y Turquía.

Fuentes judiciales indican que, de confirmarse el flujo de dineros ilícitos hacia campañas o cuentas personales en el exterior, varios de estos «barones electorales» colombianos podrían ser pedidos en extradición por las cortes del Distrito Sur de Florida, bajo cargos de conspiración para el lavado de activos.

Mientras nombres como Álvaro Pulido y los familiares directos de Saab (Amir y Luis Saab) figuran como los cerebros técnicos, la «clase política» es señalada de proveer la legitimidad institucional necesaria para que empresas como Shantex S.A. y Foglocons movieran capitales sin despertar sospechas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Testigo silencioso

El temor en los círculos de poder radica en la «capacidad de confesión» de Saab. Si el empresario decide colaborar para evitar una cadena perpetua en territorio estadounidense, los archivos que posee sobre pagos a lobistas y préstamos ficticios podrían derrumbar varias carreras políticas en Colombia.

Este 2026 marca el fin de la «era del silencio» para el entramado más sofisticado de corrupción transnacional de la última década. Lo que comenzó con exportaciones ficticias de materiales de construcción hoy amenaza con transformarse en el mayor expediente judicial contra la élite política colombiana vinculada al dinero de Caracas.