Los cuatro pueblos indígenas guardianes de la Sierra —Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa— se reunen en un mismo territorio y con un mismo propósito: unificar saberes, voces y caminos hacia un objetivo común.
Santa Marta
Primicia Diario
El Gobierno Nacional busca recuperar el control territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta tras el reciente fallo del Consejo de Estado que anuló el Decreto 1500 de 2018. El presidente Gustavo Petro ha convocado a una movilización masiva de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en las playas de la capital del Magdalena, con el objetivo de firmar un nuevo decreto que no solo restablezca, sino que expanda el territorio sagrado conocido como la ‘Línea Negra’ (Sezhiya).
Un vacío legal de ocho años
La urgencia del Ejecutivo responde a la sentencia del pasado 20 de febrero, en la que el Consejo de Estado dejó sin efectos la normativa heredada del gobierno de Juan Manuel Santos. El tribunal argumentó fallos técnicos críticos: la falta de una cartografía oficial del IGAC al momento de la firma y, fundamentalmente, la omisión de la consulta previa con otras comunidades —Wayúu, Chimila y colectivos afro— que comparten el polígono delimitado.
En un giro inesperado, el debate se ha visto salpicado por la política interna, ya que el abogado que demandó originalmente el decreto en 2019 es hoy el actual viceministro de Justicia de la administración Petro, lo que ha generado suspicacias entre los líderes indígenas.
La contraofensiva
Frente a la vulnerabilidad en la que queda el «Corazón del Mundo», el presidente Petro ha propuesto una estrategia de tres frentes:
La nueva norma buscará proteger los caudales que abastecen a los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena.
El mandatario impulsa que la Sierra sea reconocida formalmente como una Entidad Territorial Indígena (ETI).
Se ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) acelerar la adquisición de predios para blindar los resguardos frente a proyectos mineros y turísticos.
Desarrollo y conservación
La nulidad del decreto ha reabierto una grieta histórica. Mientras los gremios económicos y empresarios celebran la decisión judicial —asegurando que la Línea Negra bloqueaba proyectos de infraestructura en 25 municipios—, las autoridades indígenas advierten que el fallo deja la puerta abierta a una «explotación descontrolada» que rompería el equilibrio espiritual y ambiental de la región.
El nuevo borrador del decreto se encuentra en fase de preparación y deberá superar el rigor técnico y de consulta que el anterior omitió para evitar que, una vez firmado en las playas de Santa Marta, sea nuevamente derribado en los tribunales.