La  carrera mínima en taxi  se estableció en $8.000, mientras que el arranque o «banderazo» ascendió a $4.600.

Teresa Manrrique Y.

Bogotá D.C. 

El inicio de 2026 ha sumido a los bogotanos en una atmósfera de profunda incertidumbre financiera, marcada por un pulso de hierro entre la administración de Carlos Fernando Galán y las realidades económicas del país. Lo que se perfilaba como un ajuste técnico se ha transformado en una «sensación de desprotección sistémica», donde el aumento simultáneo en TransMilenio, los taxis y las plataformas digitales ha configurado un escenario de movilidad casi prohibitivo para el ciudadano de a pie.

TransMilenio y SITP

Desde el pasado 14 de enero, la tarifa unificada de los servicios troncales y zonales se fijó en $3.550, un incremento de $350 que representa un ajuste del 10.9%.

El alcalde Galán ha sido enfático en señalar que el incremento del 23.7% en el salario mínimo —decretado por el Gobierno Nacional— generó un déficit imprevisto de más de 150.000 millones de pesos en los costos de operación. «Sin este ajuste, la sostenibilidad del sistema se vería comprometida ante la falta de giros adicionales por parte de la Nación», argumentó el mandatario distrital.

El Ministerio de Transporte ha calificado el alza de «irresponsable», señalando que indexar el pasaje casi exclusivamente al salario mínimo ignora variables de eficiencia operativa y castiga la demanda en un momento de fragilidad económica.

Fin de la carrera asequible

Mediante el Decreto 007 de 2026, la Secretaría de Movilidad oficializó las nuevas tarifas para el servicio de transporte individual, las cuales han comenzado a regir tras la recalibración de los taxímetros:

La carrera mínima se estableció en $8.000, mientras que el arranque o «banderazo» ascendió a $4.600.

Para los vehículos que acrediten factores de calidad superior, la mínima puede alcanzar los $8.300. El recargo nocturno, dominical o festivo se estandarizó en $3.800, y el trayecto hacia el aeropuerto El Dorado escaló hasta los $8.000.

«Tarifa dinámica» y el cerco legal

El vacío regulatorio de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify sigue siendo el punto más crítico para el usuario. Ante el alza en el transporte público, la demanda se ha volcado hacia estas alternativas, disparando la «tarifa dinámica» sin ningún tipo de control gubernamental. Trayectos que históricamente no superaban los diez mil pesos hoy alcanzan fácilmente los $15.000 o $20.000 en horas pico.

Este fenómeno ocurre en medio de una renovada ofensiva legislativa del Gobierno Nacional, que radicó un proyecto de ley para «prohibir expresamente el servicio» bajo sanciones millonarias tanto para conductores como para usuarios, lo que deja a la ciudadanía atrapada entre la carestía del servicio formal y la posible ilegalidad de la alternativa virtual.

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