Tuluá se consolidó como el epicentro estratégico y centro de operaciones de la estructura criminal «La Inmaculada».

Lo que inició como una facción sicarial en las calles de Tuluá derivó en una organización criminal que redefinió el terror en Colombia: «La Inmaculada». Bajo el mando de los hermanos Marín Silva, esta estructura no solo dominó las rutas del microtráfico, sino que instauró una «dictadura comercial» que alteró drásticamente el costo de vida en el centro del Valle del Cauca.

Mediante el control de los denominados «Carteles del Cilantro, la Cebolla y los Huevos», la banda impuso monopolios forzados donde el precio de los alimentos básicos se triplicaba bajo la amenaza de quema de vehículos o el asesinato de tenderos. Este control económico se cimentó sobre una herencia de horror, marcada por una sevicia sin precedentes y el uso de tácticas de guerra psicológica para silenciar cualquier denuncia ciudadana.

Tras su extradición este 3 de febrero de 2026, Andrés Felipe Marín Silva, alias «Pipe Tuluá», se prepara para enfrentar su comparecencia inicial ante la Corte del Distrito Este de Texas. Los documentos judiciales detallan cargos graves por «conspiración para la fabricación y distribución de cocaína», señalándolo como el líder de una red logística que movilizó toneladas de alcaloide hacia Estados Unidos mediante rutas marítimas y semisumergibles.

Asimismo, el pliego acusatorio incluye delitos de «narcotráfico transnacional» y «lavado de activos», tras el rastreo de capitales ilícitos que habrían sido reingresados a la economía legal mediante empresas fachada en el Valle del Cauca.

El proceso judicial en suelo estadounidense seguirá un protocolo estricto. Tras la audiencia de identificación, se procederá a la «Lectura de Acusación» (Arraignment), donde la fiscalía presentará las pruebas recolectadas por la DEA. Dada su peligrosidad, se anticipa que se le niegue cualquier beneficio de fianza.

El escenario final para el cabecilla oscila entre un juicio que podría sentenciarlo a cadena perpetua o una negociación como testigo cooperante, un camino que la fiscalía buscará explotar debido a su profundo conocimiento sobre los nexos de corrupción y poder local en el suroccidente colombiano.

En Tuluá, la banda «La Inmaculada» impuso un régimen de terror donde el precio de la vida se tasaba en apenas 100 dólares por asesinato.