Kevin Arley Acosta, de 7 años de edad, padecía hemofilia severa

Esperanza Fuentes H.

El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, el menor de 7 años que padecía hemofilia severa, ha trascendido la esfera del duelo privado para situarse en el epicentro de un debate nacional sobre la eficacia del sistema de salud bajo control estatal. A hoy, 17 de febrero de 2026, la opinión pública exige respuestas ante un calvario que comenzó con la interrupción del suministro de su medicamento vital, el Emicizumab, por parte de la Nueva EPS desde diciembre pasado.

Crónica de una Negligencia Administrativa

El relato de la madre del menor, Katherine Pico, describe un escenario de desprotección absoluta: la aseguradora habría suspendido el fármaco —esencial para la coagulación— bajo el pretexto de cambios contractuales con las IPS prestadoras. Tras sufrir una caída de bicicleta el 8 de febrero en Huila, la ausencia del tratamiento resultó fatal, desencadenando una crisis hemorrágica que los centros locales, desabastecidos, no lograron contener.

El Choque de Posturas Oficiales

La respuesta del Ejecutivo ha sido recibida con profunda indignación por diversos sectores sociales. El presidente Gustavo Petro intentó matizar la responsabilidad estatal sugiriendo factores preventivos:

«Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Las mamás no nacen aprendidas».

A esta visión se sumó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien calificó la muerte como un «desafortunado accidente», insistiendo en que estos pacientes deben ver restringidas sus actividades de impacto. Estas declaraciones han sido tajantemente rechazadas por la Liga Colombiana de Hemofílicos y expertos hematólogos, quienes sostienen que, con la medicación adecuada, los pacientes pueden gozar de una infancia normal.

La Intervención de la Cartera de Justicia

En medio de la tensión, el recién posesionado ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha asumido una postura técnica y vigilante que contrasta con la narrativa de sus colegas de gabinete. Cuervo ha sido enfático en que la prioridad de la justicia debe ser la evaluación del deber de cuidado:

«Más allá de la mecánica del accidente, es imperativo determinar si hubo una falla sistemática por parte de la Nueva EPS en el suministro del medicamento».

Fuentes ministeriales confirman que Cuervo ha solicitado a la Superintendencia de Salud un informe detallado sobre la trazabilidad de la entrega del fármaco. El ministro advirtió que «el sistema de salud no puede ser un obstáculo para el derecho fundamental a la vida» y que cualquier indicio de negligencia manifiesta será remitido a las autoridades penales para su respectiva sanción.