La Corte Penal Internacional (conocida comúnmente como la CPI) es el primer tribunal internacional permanente, de base penal, encargado de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión.
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En un espaldarazo histórico a la arquitectura jurídica del país, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha reafirmado su pleno respaldo al modelo de Justicia Transicional Restaurativa implementado en Colombia. Tras culminar una serie de misiones técnicas en febrero de 2026, el organismo internacional calificó el sistema colombiano como un «caso emblemático» y una «innovación necesaria para el Derecho Penal Internacional», validando así los esfuerzos conjuntos entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno Nacional.
La delegación de La Haya fue enfática al señalar que la JEP ha logrado establecer un equilibrio sin precedentes entre la rendición de cuentas y la reparación integral. Para la CPI, el avance en los macrocasos —que incluyen investigaciones sobre reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra comunidades étnicas— demuestra que es posible alcanzar una «verdad exhaustiva» bajo un enfoque restaurativo. En este sentido, la implementación de las denominadas «sanciones propias», tales como el desminado humanitario y la restauración ambiental, fue destacada como la materialización de una justicia que no solo castiga, sino que sana los territorios.
Complementariedad y confianza
Este reconocimiento se fundamenta en el Acuerdo de Complementariedad vigente, un mecanismo de cooperación donde la CPI actúa como un aliado técnico más que como un supervisor distante. La Fiscalía internacional subrayó que, mientras la JEP mantenga su rigor en la persecución de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, el examen preliminar sobre el país permanecerá cerrado. Este voto de confianza internacional depende, en gran medida, de la «voluntad política» y la garantía de recursos que el Ejecutivo ha ratificado para proteger la independencia del tribunal y la seguridad de todos los intervinientes en el proceso.
Desde el Gobierno Nacional, el compromiso ha sido descrito como una apuesta por convertir la justicia transicional en una «práctica cotidiana y un valor compartido» por toda la sociedad. Este respaldo internacional no solo blinda el Acuerdo Final de Paz de 2016 como la hoja de ruta irrenunciable contra la impunidad, sino que sitúa a Colombia a la vanguardia de la justicia global. Como concluyó la misión de la CPI, el éxito del modelo colombiano es hoy una esperanza para otros conflictos en el mundo, demostrando que la paz y la justicia, lejos de excluirse, encuentran su mejor expresión en el reconocimiento del daño y la reconstrucción del tejido social.