«síndrome de Adán»

Fernando Salgado Quintero

La historia reciente de Colombia se ha visto comprometida por una oscilación pendular entre extremos políticos. Esta dinámica de confrontación, orientada a la aniquilación del adversario, ha erosionado los cimientos del Estado y degradado el debate público a una sucesión de consignas efectistas. En este escenario, la eficacia de la política ya no se evalúa por su capacidad de transformación social, sino por la teatralidad de liderazgos mesiánicos. Ante este panorama, elegir con rigor técnico no es una preferencia estética, sino un «imperativo de supervivencia institucional».

Padecemos un «síndrome de Adán» crónico en la administración pública. Este fenómeno se manifiesta cuando los nuevos funcionarios actúan bajo la premisa de que la historia del país comienza con su posesión, ignorando la curva de aprendizaje institucional y los logros previos. Esta fragmentación pretende «refundar la República» en cada periodo constitucional, pulverizando la continuidad técnica y generando un costo fiscal que nuestra economía ya no puede sufragar.

La personalización del poder ha desplazado a los equipos de alto desempeño en favor de círculos de lealtad absoluta. La consecuencia es una fatiga ciudadana profunda: una sociedad cansada de promesas épicas que derivan en ejecuciones presupuestales deficientes y soluciones coyunturales carentes de visión estructural.

La solución no reside en una nueva vertiente ideológica, sino en la adopción de un método científico de gestión. El tránsito necesario es de la «tribu» al «proyecto país», sustituyendo el personalismo por un liderazgo colegiado fundamentado en tres pilares:

Las decisiones deben sustentarse en datos y modelos predictivos. La implementación de tableros de control abiertos garantiza que la gestión sea verificable mediante auditorías independientes.

Las reformas estructurales solo perduran si cuentan con el respaldo del sector productivo, la academia y la sociedad civil. Lo que se impone por decreto está condenado a ser derogado en el siguiente ciclo político.

Sectores críticos como la seguridad, la infraestructura y la salud deben blindarse frente a sesgos ideológicos. «Gestionar con rigor es, por definición, un acto de despolarización».

Elegir bien implica validar una agenda nacional sujeta a Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). No es suficiente apelar al concepto abstracto de «seguridad»; se requiere una reducción métrica de la tasa de homicidios mediante una justicia eficiente. No basta con mencionar el «progreso»; los ciudadanos debemos exigir estabilidad macroeconómica y una transición energética que asegure la soberanía y el empleo local.

En el sector salud, la discusión debe trascender la retórica para garantizar el derecho fundamental a través de un modelo que asegure la sostenibilidad financiera, la liquidez del sistema y la gestión del riesgo, ajustándose a las realidades territoriales del país.

Esta propuesta exige un «Pacto de Mínimos» durante los primeros 100 días de gobierno, orientado a publicar un «Libro Blanco» que diagnostique el estado real de los sectores afectados. Es necesario conocer la verdad para no repetir los errores. El éxito de las políticas públicas no se anuncia en discursos; se audita trimestralmente bajo un modelo de «transparencia radical» y se escala nacionalmente solo tras demostrar su eficacia en pruebas piloto.

El ciudadano debe aplicar un filtro de rigor técnico antes de otorgar su confianza. Si un proyecto político depende de la voluntad de un solo individuo, es intrínsecamente frágil; si depende de instituciones robustas y equipos competentes, es sostenible.

Colombia no necesita más relatos heroicos ni redentores de turno; necesitamos capacidad de ejecución. Es hora de dejar atrás la «política de las identidades» para abrazar la «política de las soluciones». El futuro depende de nuestra capacidad para dejar de elegir salvadores y empezar a elegir proyectos respaldados por ciencia, ética y resultados tangibles.