Los representantes a la Cámara Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Citrep), capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia. 

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En una determinación sin precedentes dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los representantes a la Cámara Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Citrep). La decisión se fundamenta en su presunta responsabilidad en una red de corrupción destinada a direccionar contratos a cambio de beneficios políticos y económicos.

«Peligro para la justicia»

El alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Héctor Alarcón, consideró que existen pruebas recaudadas que vinculan a los congresistas con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Según el expediente, Manzur y Manrique habrían actuado como «puentes» entre la dirección de la UNGRD, entonces a cargo de Olmedo López, y diversos contratistas para asegurar la adjudicación de proyectos en regiones estratégicas, particularmente en Córdoba y las zonas de paz.

La prueba reina

La Corte fundamentó el aseguramiento en tres ejes probatorios:

Matrices de colaboración: Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron a los congresistas como miembros de «el cónclave», el grupo que definía el destino de los recursos de la emergencia.

Evidencia técnica: Chats de WhatsApp y registros de ingresos a la entidad que coinciden con las fechas de aprobación de giros presupuestales críticos.

Riesgo de obstrucción: La Sala determinó que, al mantenerse en sus cargos, los legisladores podrían interferir con el recaudo de nuevas pruebas o presionar a testigos subordinados.

Impacto en la coalición 

La captura de estos dos legisladores genera un sismo en el Capitolio Nacional. Mientras Wadith Manzur fungía como una pieza clave en la Comisión de Acusaciones, Karen Manrique representaba a las víctimas en las curules de paz. Esta decisión judicial no solo afecta su libertad personal, sino que activa de inmediato la figura de la «silla vacía» en sus respectivas colectividades, dado que los delitos imputados están relacionados con la pertenencia a organizaciones criminales contra la administración pública.