Gustavo Petro Urrego, presidente de los colombianos.
Primicia Diario
La estabilidad política en Colombia atraviesa una de sus pruebas más agudas tras las denuncias emitidas por la Casa de Nariño sobre un presunto plan de desestabilización. El epicentro de esta tormenta, que ha alcanzado un punto de ebullición este febrero de 2026, involucra una delicada tríada: el Ejecutivo, sectores de la Fuerza Pública y la alta magistratura. Según las acusaciones, se habría fraguado un montaje para vincular la comitiva del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico en la antesala de su reciente encuentro diplomático con Donald Trump.
Contrainteligencia y la purga policial
El núcleo de la controversia, bautizado como el «complot de las maletas», sugiere un intento de sectores opositores por contaminar el equipaje de la delegación presidencial con sustancias ilícitas. Según la versión oficial, la operación fue abortada gracias a labores de contrainteligencia militar que evitaron un incidente de dimensiones transnacionales en Washington. La primera consecuencia tangible de este escenario fue la remoción del brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía en Cali, a quien el Gobierno vincula con una supuesta omisión deliberada o facilitación del sabotaje.
Las investigaciones internas del Ministerio de Defensa sugieren ahora la existencia de una «línea de mando paralela». Se indaga si, bajo la dirección de Urrego, se habrían coordinado seguimientos no autorizados a funcionarios oficiales, respondiendo presuntamente a intereses de redes de oficiales retirados alineados con la oposición radical.
El choque con la Justicia: el factor Lombana
El enfrentamiento ha escalado hasta el Palacio de Justicia tras las menciones indirectas a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana. Desde el entorno gubernamental, se cuestiona la imparcialidad de la jurista, invocando su pasado como oficial del Ejército y sus supuestos vínculos con la reserva activa. No obstante, la respuesta desde el alto tribunal ha sido firme: la magistrada ha calificado estas insinuaciones como una «ofensa a la independencia judicial» y un intento de coaccionar a las cortes en procesos sensibles que afectan a figuras del Pacto Histórico.
Un ajedrez de narrativas contrapuestas
La opinión pública y los analistas de seguridad se debaten entre dos lecturas irreconciliables. Por un lado, la tesis del «golpe blando», que sostiene que existe una estrategia orquestada para socavar la legitimidad presidencial mediante escándalos fabricados. Por otro, la interpretación de la «cortina de humo», que sugiere que el Ejecutivo ha optado por una postura de confrontación para neutralizar el impacto de las investigaciones judiciales vigentes contra el círculo cercano del mandatario.
Esta coyuntura ha sido descrita por expertos como «el escenario más tóxico para la democracia colombiana», un tablero donde la mezcla de inteligencia militar, narcotráfico y justicia pone a prueba la separación de poderes. El país aguarda ahora que las denuncias transiten de la narrativa política a la evidencia procesal ante la Fiscalía General de la Nación.