Pese a su agenda oficial en Viena tras reunirse con el presidente Alexander Van der Bellen, el mandatario Gustavo Petro persiste en validar sus alertas previas sobre irregularidades electorales en Colombia.

Julián Orozco

Primicia Diario

A medida que transcurren las horas posteriores a la jornada electoral del pasado 8 de marzo, la controversia sobre la transparencia de los comicios ha escalado a niveles institucionales sin precedentes. El presidente Gustavo Petro ha asumido el liderazgo de las denuncias, señalando una «discrepancia sistemática» entre los datos transmitidos durante el preconteo y la realidad consignada en las actas físicas de las mesas de votación.

El abismo entre el preconteo y la realidad jurídica

El núcleo de la alerta presidencial se sitúa en la brecha detectada entre los resultados informativos iniciales y el escrutinio formal, que es el proceso con valor jurídico. Según la Casa de Nariño, se han identificado cientos de casos donde el formulario E-14 —el documento vital firmado por los jurados— registra una votación significativamente distinta a la que fue reportada en el sistema de transmisión de datos.

Este presunto descuadre en el volumen de sufragios no es un asunto menor, pues se estima que la diferencia podría alterar la asignación de varias curules en el Congreso, especialmente en zonas de alta densidad poblacional y en territorios que contaron con la vigilancia de misiones de observación internacional.

Los «votos perdidos»

El primer mandatario ha utilizado sus canales oficiales para exponer comparativos de mesas específicas, denunciando la existencia de votos «perdidos». Petro sostiene que en diversas mesas los apoyos para las coaliciones de gobierno figuran en «cero» dentro del sistema informático, a pesar de que los testigos electorales poseen registros fotográficos de las actas originales con votos debidamente contabilizados. En este contexto, el Presidente ha vuelto a poner bajo sospecha la auditoría del software de consolidación de la Registraduría, sugiriendo que posibles «algoritmos» estarían alterando la tendencia en la transmisión de los datos.

Respuestas institucionales y el camino del escrutinio

Desde la otra orilla, la Registraduría Nacional ha defendido la robustez del sistema, enfatizando que «el preconteo tiene un carácter meramente informativo y no jurídico». El Registrador ha instado a todas las fuerzas políticas a tramitar sus reclamaciones ante las comisiones escrutadoras, donde jueces de la República tienen la tarea de revisar cada voto. Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha reportado anomalías en el 2 % de las mesas observadas, aunque ha hecho un llamado a la calma para permitir que el escrutinio oficial avance con las debidas garantías.

En contraste, sectores de la oposición han calificado las alertas del Ejecutivo como una «presión indebida» sobre los jueces electorales y una estrategia para deslegitimar los resultados que no le favorecen. Mientras tanto, el cronograma de crisis avanza: tras un cierre de urnas marcado por denuncias de tachaduras en los formularios el 8 de marzo y la publicación de pruebas por parte del Presidente el día 9, hoy se da inicio formal al escrutinio departamental bajo la atenta mirada de observadores internacionales de la OEA.