Defensora del Pueblo advierte riesgo general para candidatos presidenciales y alerta sobre estigmatización política.

Rafael Camargo Vásquez 

Judicial 

La contienda por la Casa de Nariño ha ingresado en una fase crítica donde la palabra y la pólvora parecen confundirse en un intento por desestabilizar el proceso democrático. Mientras en los centros urbanos se libra una batalla narrativa marcada por señalamientos temerarios, en las regiones el fantasma del paramilitarismo reaparece para agredir las sedes del Pacto Histórico, configurando un escenario de «inversión perversa de la verdad» que amenaza la integridad de las elecciones.

El periodismo en la encrucijada ética

Resulta profundamente preocupante el papel que ciertos sectores de la prensa están desempeñando en esta etapa definitiva. Desde plataformas de amplio alcance como Caracol Radio, se han lanzado acusaciones de extrema gravedad, señalando a un aspirante presidencial como «el candidato de las FARC» sin presentar sustento verificable ni pruebas documentales. Esta ligereza no solo vulnera el buen nombre, sino que «envenena el debate democrático» y distorsiona la opinión pública bajo el manto de una libertad de prensa que no puede ser patente de corso para la irresponsabilidad.

Llama la atención la celeridad con la que se emiten estos juicios en contraste con la opacidad frente a cuestionamientos internos que han recaído sobre dicha casa periodística, incluyendo denuncias de acoso sexual. La ética no admite selectividad: el periodismo debe informar con rigor y contrastar fuentes, especialmente cuando la palabra se utiliza como herramienta de estigmatización en tiempos de alta sensibilidad social.

Cepeda y la resistencia en Ciudad Bolívar

Ante una multitudinaria manifestación en la localidad de Ciudad Bolívar, el candidato Iván Cepeda denunció lo que considera una estrategia sistemática de manipulación liderada por los sectores del uribismo. «Los criminales pretenden erigirse en jueces y los victimarios intentan ocupar el lugar de las víctimas», afirmó Cepeda, en clara alusión a las campañas de desprestigio que buscan invertir la carga de la prueba, obligando a los inocentes a defenderse de quienes han vivido del delito.

Objeción de conciencia 

Esta crispación ha calado incluso en las filas de la coalición opositora. En Manizales, el concejal Camilo Muñoz radicó una carta de objeción de conciencia para apartarse de la campaña de Paloma Valencia, argumentando que los principios del Nuevo Liberalismo son incompatibles con una candidatura que calificó de «mafiosa». Según analistas, la desesperación ante el estancamiento en las encuestas ha llevado a la senadora a lanzar dardos sin sustento, una táctica que parece estar fracturando sus propias alianzas territoriales.

Epicentro de la violencia política

Más allá de los micrófonos, la situación en el Tolima ha encendido las alarmas de seguridad nacional. El representante a la Cámara, Alirio Uribe, denunció un ataque con disparos contra la sede del Pacto Histórico en el municipio de Flandes. El congresista alertó sobre la reagrupación de estructuras paramilitares que buscan sabotear el ejercicio político en el departamento, donde hoy no existen garantías mínimas para la oposición.

«Hago un llamado urgente para que se frene la violencia política», sentenció Uribe, instando a las autoridades a identificar a los responsables de este atentado que busca, mediante el terror, rescatar un poder que la derecha siente perdido en las urnas. La historia de Colombia es clara y, en este 2026, la ciudadanía exige que el destino del país se decida con votos y no con balas ni difamaciones.