La investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue avanzando.

Luis Eduardo Romero

Judicial

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el epicentro de una intensa disputa jurídica y política. Los magistrados debatieron la situación de cinco congresistas implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de un clima de alta tensión por la inmediatez de las elecciones legislativas del próximo domingo.

¿Cárcel o libertad?

La Sala discutió formalmente una ponencia que propone no solo el llamado a juicio, sino también la captura inmediata de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Vitar, Karen Manrique y Wadith Mansur. La división interna en el alto tribunal se decanta entre dos posturas irreconciliables. Por un lado, la tesis de una «acusación rigurosa», respaldada en interceptaciones y testimonios de Olmedo López y María Alejandra Benavides, sostiene que existen pruebas sobrevinientes que justifican la medida de aseguramiento para evitar que los procesados interfieran con el curso de la justicia.

En la otra orilla, se alza la postura del «garantismo procesal». Algunos magistrados argumentan que, si bien existen méritos suficientes para iniciar el juicio, no se cumplen los requisitos estrictos que exige la ley para privar a los implicados de su libertad de manera preventiva. Este sector advierte sobre la inconveniencia de emitir tales órdenes en plena recta final de la campaña electoral, apelando a la prudencia institucional.

Congresistas en la mira 

Los señalados, todos integrantes de la Comisión de Crédito Público, habrían presuntamente «vendido» su función legislativa a cambio de direccionamiento de contratos en regiones como Cotorra (Córdoba), Saravena y El Salado. Según el expediente, estas dádivas habrían sido pactadas en reuniones estratégicas en los Ministerios de Hacienda y del Interior en octubre de 2023.

El debate adquiere un matiz crítico debido al impacto en las urnas. De negarse la medida de aseguramiento, los procesados podrían posesionarse en sus curules en caso de resultar elegidos este domingo. Por el contrario, una orden de captura inmediata desataría un terremoto político con el potencial de alterar la configuración de las listas de partidos tradicionales y sectores cercanos al Gobierno Nacional.

Entrega voluntaria y defensa

Ante la inminencia de un fallo, la congresista Karen Manrique ya se ha puesto a disposición de la Corte a través de su equipo jurídico. Con esta maniobra, busca evitar el impacto mediático de una captura y reafirmar su intención de comparecer ante la justicia para demostrar su inocencia. Mientras tanto, el país aguarda la decisión definitiva de una Sala que se encuentra fracturada entre el rigor penal y la cautela política.