Efraín Cepeda Sarabia,precandidato presidencial, senador de la República y jefe del Partido Conservador. 

Javier Sánchez

Política

En el complejo ajedrez político colombiano, las piezas han comenzado a moverse de forma inesperada para quien se autodefinió, en un arrebato de firmeza opositora, como el «Jefe de la Banda» contra el gobierno de Gustavo Petro. Efraín Cepeda Sarabia, actual presidente del Senado y barón electoral del Partido Conservador, enfrenta hoy una indagación previa en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que amenaza con desestabilizar el liderazgo de la oposición legislativa.

La compulsa de la JEP

El origen de este sismo judicial se halla en los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exsenador Álvaro Ashton Giraldo, en su búsqueda de beneficios mediante la verdad, ha señalado a Cepeda en una trama que evoca los años más oscuros de la cooptación estatal. La sospecha central apunta al manejo de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que, según múltiples testimonios, fue convertida en un «festín burocrático» por sectores del conservatismo.

La Corte indaga si Cepeda participó en el direccionamiento de bienes incautados a la mafia —fincas, sociedades y mansiones— para favorecer intereses políticos. Bajo la figura de la «Feria de las Adjudicaciones», estos activos habrían sido entregados a depositarios recomendados por congresistas, funcionando como una moneda de cambio para garantizar apoyos legislativos.

De Washington al banquillo

Resulta institucionalmente sugerente que esta indagación coincida con la intensa actividad internacional de Cepeda. El senador ha liderado misiones en Estados Unidos para denunciar lo que él denomina un riesgo de «narco-estado» bajo la actual administración, cuestionando la transparencia de la campaña presidencial de 2022.

Hoy, el contraste de narrativas es inevitable para la opinión pública: mientras Cepeda denuncia una supuesta infiltración criminal en el Ejecutivo, la justicia transicional lo vincula con la gestión de los activos de los grandes capos del pasado. El senador ha calificado estos señalamientos como una «infamia» y una represalia de excolegas condenados, asegurando que su defensa técnica desestimará lo que considera un «ruido judicial» para debilitar su contrapeso al Gobierno.

Equilibrio de poderes

El resurgimiento de este caso en 2026 no es menor. Al tratarse de presuntos delitos relacionados con el manejo de bienes del narcotráfico, las autoridades exploran aristas que podrían no prescribir, como el lavado de activos. De prosperar la investigación formal, Cepeda no solo enfrentaría un riesgo jurídico bajo la Ley 600, sino que su posición como líder de la bancada opositora quedaría severamente comprometida.

La caída de la DNE dio paso a la actual Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero los fantasmas de aquel «botín político» siguen recorriendo los pasillos del Capitolio. Para el «Jefe de la Banda» opositora, el reto ahora no es solo archivar las reformas del Ejecutivo, sino evitar que su propio pasado judicial archive su carrera política.