La cronología de esta crisis marca el próximo miércoles 11 de marzo como una fecha definitiva, día en que los magistrados volverán a reunirse para intentar definir la situación jurídica bajo los cargos de «cohecho impropio» y «peculado por apropiación»
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El proceso judicial que sacude los cimientos del Congreso de la República por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha entrado en una fase de alta tensión. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró un consenso frente a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien solicita dictar medida de aseguramiento contra cinco congresistas implicados. Tras una votación que culminó en un empate técnico de «tres contra tres», el destino jurídico de los investigados ha quedado supeditado a la intervención de conjueces para destrabar la decisión final.
Los reflectores se centran ahora en los congresistas: Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
Este último protagoniza uno de los capítulos más críticos del informe de inteligencia financiera, pues la Corte ha puesto su lupa sobre un patrimonio que incluye «47 propiedades registradas» a su nombre. El alto tribunal busca determinar si la magnitud de estos bienes guarda relación con los presuntos beneficios recibidos para viabilizar proyectos bajo la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, o si existe un desbalance injustificado frente a sus ingresos legales.
De manera paralela, la reaparición de los expresidentes del legislativo, Iván Name y Andrés Calle, ha sumado nuevos elementos de juicio al entramado de corrupción. Ambos son señalados de haber recibido sumas millonarias —tres mil y mil millones de pesos, respectivamente— con el fin de «aceitar el trámite de las reformas» gubernamentales. Aunque sus procesos avanzan por cuerdas distintas, las evidencias físicas y las bitácoras de entrada a la UNGRD son piezas clave que conectan los puntos de esta red de influencias.
La cronología de esta crisis marca el próximo miércoles 11 de marzo como una fecha definitiva, día en que los magistrados volverán a reunirse para intentar definir la situación jurídica bajo los cargos de «cohecho impropio» y «peculado por apropiación». En este escenario, la justicia colombiana enfrenta una verdadera prueba de fuego: establecer si estos vínculos constituyen un «esquema sistemático de corrupción» o si se trata de incidentes administrativos aislados en la gestión de recursos de emergencia.