Javier Sánchez

Enviado Especial

Valle del Cauca

Primera Parte

La crisis hospitalaria en el Valle del Cauca ha dejado de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en un expediente de seguridad nacional. Informes de inteligencia de varias entidades del Estado  revelan en este 2026 una realidad perturbadora: las «Empresas Sociales del Estado» (ESE) han sido capturadas como un «botín de guerra» por sectores oscuros. Según denuncias de veedurías ciudadanas, los afectados  y sindicatos médicos, el acceso a una gerencia en hospitales de niveles II y III tiene un precio de mercado negro que oscila entre los mil quinientos y dos mil millones de pesos.

Este fenómeno de «compra de cargos» responde a una lógica de retorno de inversión donde el patrocinador en muchos casos (mafiosos)  busca recuperar su capital mediante el control absoluto de la «facturación de medicamentos», la «contratación de suministros» y el manejo de nóminas paralelas a través de cooperativas. En la práctica, algunas ESE funcionan como «cajas menores» para financiar campañas políticas regionales, con gerentes que actúan como operadores de recursos públicos.

La Sombra del Narcotráfico en la Salud

La sombra más densa la proyecta el narcotráfico; la Fiscalía investiga la creación de «IPS fachada» y empresas de ambulancias utilizadas por estructuras criminales para el lavado de activos y el control territorial en municipios del norte del Valle.

Uno de los aspectos más alarmantes de su consulta es el presunto vínculo con economías ilícitas. Durante este ciclo electoral de 2026, la Fiscalía ha puesto la lupa sobre:

Lavado de Activos: La creación de IPS y empresas de ambulancias fachada, utilizadas por estructuras como los «Comandos de la Frontera» y otras disidencias en el Valle y Cauca, para legalizar dineros del narcotráfico bajo la apariencia de servicios de salud.

Control Territorial: En municipios del norte del Valle, se investiga si el nombramiento de directivos hospitalarios requiere el «visto bueno» de jefes de bandas locales, asegurando así el control sobre la atención de sus integrantes y el manejo de los recursos de la red pública.

Hospital del Valle

Frente a esta radiografía, el choque institucional es total. El presidente Gustavo Petro calificó recientemente al «Hospital Universitario del Valle» (HUV) como un «centro de esclavitud», denunciando que el 90% de su personal —más de tres mil personas— está bajo la figura de «contrato sindical», lo que precariza el empleo.

La gobernadora Dilian Francisca Toro ha tildado estas afirmaciones de «desafortunadas», argumentando que el HUV, bajo la «Ley 550», se ve obligado a estas modalidades para sobrevivir a la iliquidez. Mientras la Gobernación señala que la culpa es de la deuda de las EPS, que asciende a seiscientos mil millones de pesos, desde la Casa de Nariño se insiste en que el modelo de salud regional ha permitido una infiltración mafiosa que antepone el lucro ilícito a la dignidad del paciente.

En otros informes estaremos revelando detalles de los manejos mafiosos de la salud, las vendetas, los denunciantes, l relatan las irrgularidades, las vendetas y delitos además como han  logrado permear el Ministerio de Salud.

Mientras las «mafias de la salud» desvían los recursos públicos hacia el lucro ilícito, los centros asistenciales colapsan entre el desabastecimiento de insumos y el déficit de profesionales. Esta captura criminal del sistema condena a los ciudadanos a salas de espera abarrotadas, donde la falta de medicamentos y personal dignifica la crisis sanitaria regional.