Laura Sarabia Torres en el seno del Gobierno del Cambio constituye uno de los capítulos más atípicos y complejos de la historia política reciente de Colombia.
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Judicial
Laura Sarabia personificó la eficacia técnica en un gobierno de activistas. Sin embargo, al erigirse como el muro que aisló al presidente, terminó convertida en el pararrayos de todas sus crisis. En este 2026, su distanciamiento no representa una simple baja burocrática; es el preludio de una confrontación judicial donde la funcionaria más leal podría transformarse en la mayor vulnerabilidad del proyecto político de Gustavo Petro ante los tribunales de la República.
La trayectoria de Laura Sarabia Torres en el seno del Gobierno del Cambio constituye uno de los capítulos más atípicos y complejos de la historia política reciente de Colombia. Lo que en agosto de 2022 inició como una asistencia técnica en la Jefatura de Gabinete, devino en una concentración de facultades que la situó, para diversos observadores de la realidad nacional, como la verdadera guardiana de la voluntad presidencial y arquitecta de la operatividad del Estado.
La arquitectura del «Superpoder»
Bajo su égida, la Casa de Nariño experimentó una transformación administrativa sin precedentes. Sarabia no solo actuó como el filtro ineludible de acceso al despacho del presidente Gustavo Petro, sino que consolidó bajo su mando instrumentos estratégicos de control nacional:
Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), centralizó la Inteligencia Nacional (DNI), la ejecución presupuestal y la pauta oficial, una tríada de poder que tradicionalmente se distribuía entre múltiples carteras.
Mientras el mandatario lideraba desde la retórica y la visión ideológica, Sarabia aportó el «método». Su capacidad para ejecutar decisiones críticas —incluyendo la reestructuración del gabinete y la salida de figuras de peso como Alejandro Gaviria— la posicionó como la figura necesaria para ordenar un Ejecutivo que ella misma describió como falto de rigor sistémico.
Fungió como el puente pragmático con los sectores empresariales y los denominados «cacaos», quienes veían en su disciplina una garantía de previsibilidad frente a la volatilidad del discurso oficial.
El ocaso de la «Intocable»
La inmunidad política de la que gozó Sarabia parece haberse desvanecido al inicio de este año. La ruptura, que hoy ocupa las primeras planas, se ha precipitado por dos frentes insalvables:
Su salida de la Cancillería en enero de 2026, tras una serie de discrepancias insalvables sobre el litigio con la firma Thomas Greg & Sons, marcó el punto de no retorno. La desautorización pública por parte del presidente Petro selló el fin de la era de la «mujer que hablaba al oído» del mandatario.
En un giro inédito, el presidente ha sugerido públicamente la existencia de irregularidades en la intervención de ciertas EPS, vinculándolas a la esfera de influencia de Sarabia. La respuesta de la exfuncionaria ha sido igualmente contundente: ha solicitado formalmente a la Fiscalía General que cite al jefe de Estado a declarar, rompiendo así el pacto de silencio que caracterizó su gestión.
Uno de los puntos más críticos en el expediente contra Sarabia es su presunta injerencia en la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC) y pieza clave en el pago de la salud en Colombia.
Se le acusa de haber impulsado la designación de un grupo de allegados en cargos directivos. El caso más emblemático es el de Daniela Andrade, quien fungió como vicepresidenta de contratación derivada en la Fiduprevisora bajo la administración de Mauricio Marín (también señalado como cercano a Sarabia).
La Fiduprevisora ha estado en el ojo del huracán por el accidentado cambio de modelo de salud para los docentes en 2024 y 2025, un proceso que movilizó billones de pesos y que, según denuncias, fue utilizado para favorecer a instituciones prestadoras de salud (IPS) con vínculos políticos directos.
El «Carrusel de las Notarías»
Otro frente de controversia radica en la supuesta entrega de notarías de primera categoría —las más rentables del país— como moneda de cambio o gratificación para su círculo íntimo.
Notaría 36 de Bogotá: Tras su salida de la Fiduprevisora, Daniela Andrade fue designada por decreto presidencial como notaria en esta sede, una de las de mayor facturación en la capital (con ingresos brutos estimados en cientos de millones mensuales).
Otras designaciones bajo sospecha: Investigaciones periodísticas han revelado que al menos otros tres allegados a Sarabia, incluyendo a su amiga Indira Álvarez, fueron ubicados en notarías clave (como la Notaría 48 y la Notaría 2), aprovechando la suspensión de los concursos públicos de méritos. Estos cargos, que dependen de la firma presidencial, son vistos por los críticos como un «blindaje económico» para su equipo cercano ante un eventual cambio de gobierno.
Una amenaza latente
La transición de Laura Sarabia de «escudera» a potencial «dolor de cabeza» institucional se fundamenta en tres ejes de alta peligrosidad para la estabilidad del Gobierno:
Sarabia enfrenta procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El rastreo del patrimonio de su círculo cercano y de empresas vinculadas es un proceso que, en 2026, ha cobrado una celeridad preocupante para los intereses de Palacio.
El escándalo derivado del polígrafo y las interceptaciones ilegales a su exniñera permanece como una herida abierta. Elementos como el fallecimiento del coronel Óscar Dávila y los testimonios de Armando Benedetti son piezas que podrían reconfigurar la responsabilidad penal del entorno presidencial si la colaboración de Sarabia con la justicia llegase a materializarse.
Se estima que el poder de Sarabia radicaba en su conocimiento exhaustivo de los pormenores de la campaña presidencial y de la vida privada de la familia Petro. Una vez fuera de la estructura del Estado, dicha información se percibe como una «bomba de tiempo» capaz de comprometer la integridad del legado político del mandatario.
Sarabia enfrenta procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El rastreo del patrimonio de su círculo cercano y de empresas vinculadas es un proceso que, en 2026, ha cobrado una celeridad preocupante para los intereses de Palacio.